Una niña de 10 años dio a luz por cesárea en la Maternidad Sardá. El parto no fue natural, porque si bien los óvulos de la niña estaban madu­ros para procrear, su cuerpo aún no se había transformado en el de una mujer.

La Iglesia festeja su jubileo del 2000: bajo su bendición la vida de un niño recién nacido se mece en los brazos de una criatura de diez años.

Ibarra y Felgueras se hicieron presentes en el hospital (tal vez con juguetes para la madre y la niña). Y está muy bien, porque todos ellos son padres de la criatura.

Sus partidos y su Alianza, en acuerdo con el PJ y la Iglesia, cava llistas y belicistas, incorporaron el Pacto de San José de Costa Rica a la nueva Constitución Nacional, que protege la vida desde la concepción en todos los países de Latinoaméri­ca. Han logrado sus objetivos: se cumplió la ley.

Todos ellos también, votaron la Ley de Reproducción Responsable, que promueve la distribución de an­ticonceptivos “no abortivos”, lo que exceptúa la pastilla, del Día Des­pués (falla o violación), y es extensi- ble al DIU. Olivera, el ex jefe, exten­dió la prohibición a no abortivos ni irreversibles (como la ligadura de trompas y la vasectomía masculina), por mandato de la Iglesia, y agregó el respeto a la libertad de conciencia (religiosa) para padres y profesiona­les contrarios a toda metodología anticonceptiva.

Estas dos nuevas legislaciones anularon el artículo del Código Pe­nal, que autorizaba el único caso de aborto legal, “a menor de edad de­mente o idiota en caso de violación”.

Pero la niña-madre de este caso es normal y fue violada por un fami­liar (de 28 años), y hay un juicio de por medio, que será probatorio o no de la violación. No es sólo un caso. De 700.000 partos anuales, 200.000 corresponden a madres niñas y ado­lescentes, desde los 9/10 a 21 años (Veintitrés, 27/9). El abuso y viola­ción de menores, en su mayoría por familiares directos, sigue creciendo como fruto de la descomposición so­cial y económica.

Si en Rusia se descubrió la tortu­ra, la violación y muerte de niños para videos pornográficos {Clarín, 29/9), no es menos cierto que esta in­dustria basura de crímenes de lesa humanidad también se desarrolla en nuestro país, a la par de la pros­titución infantil, bajo un sistema de prostitución y proxenetismo que co­rroe a funcionarios y a individuos por igual.

Por otro lado, la sobornada re­forma laboral destruye las pocas le­yes y conquistas por maternidad y la estabilidad laboral. El salario mínimo clavado en 200 pesos y los planes ‘Trabajar’ de 160 y 140 pe­sos, condenan a las mujeres pobres al aborto clandestino o la materni­dad y a ser jefas de familia sin re­cursos.

Los abortos, según un informe del Indec, están entre los 300.000 y 500.000 por año. Sólo se detectan los abortos sépticos, de las mujeres po­bres, por infecciones posteriores que requieren internación, produciendo un pavoroso 43% de las muertes por maternidad (Veintitrés, 27/9).

El avance de los métodos anti­conceptivos reduce al 1,5 por ciento los casos por falla de anticoncepti­vos. La catástrofe social de una muerte y media por día por abortos clandestinos es producto de la falla del sistema.

El caso de esta niña representa todos los derechos civiles de la mujer sojuzgada y oprimida por el sistema de explotación.

Una niña de diez años fue viola­da, pero la sociedad la obligó a parir, como a toda mujer violada.

Una madre que no puede ali­mentar a sus hijos, está obligada a seguir pariendo, o a arriesgarse a morir en un aborto séptico mal prac­ticado, que además está obligada a pagar.

Los adolescentes son educados bajo la censura de la Iglesia y de los ciudadanos pudientes, que silencian la educación sexual y privatizan la educación laica, enciclopédica y crítica.

Estas leyes “de vientre”, que obligan a la mujer a parir sin su aprobación, no obligan al Estado a proteger la vida durante la concep­ción ni después del parto. Por eso nuestros niños están afectados por las enfermedades de la pobreza, la tuberculosis, el sida, la prostitu­ción, la mendicidad, el gatillo fácil, la deserción escolar, la miseria.

En la Legislatura porteña las le­gisladoras discutieron durante cinco horas el cupo femenino, para igualar sus derechos civiles. ¿Cuál es el cu­po de nuestros derechos civiles como mujeres de las clases explotadas frente a la ley de procreación, frente al Pacto de San José de Costa Rica, frente al oscurantismo religioso, o frente a la violación, sea individual o social?

El sistema y la ley abortan nues­tros derechos a la maternidad uni­versal, es decir el derecho a decidir cuándo, cómo y con quién seremos madres o no.