Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, intervino el 29 de mayo el Sindicato de Trabajadores Mensualizados de los Hipódromos Argentinos (Sitramen) “por incumplir con el cupo femenino al diseñar la junta electoral que consagró por cuarta vez a Adolfo Desvard como secretario general” (La Nación, 29/5). El Sitramen tiene unos 370 afiliados y está alineado con el burócrata del Taxi Omar Viviani. Dicen que la intervención esconde el interés del Sindicato de Juegos de Azar para desembarcar en el Hipódromo de San Isidro e instalar máquinas tragamonedas.

Con éste, ya son diez los gremios intervenidos desde que “el feminista menos pensado” Maurico Macri llegó a la Casa Rosada. Por supuesto, desconocemos toda atribución al Estado para intervenir una organización gremial. Pero queremos llamar la atención del uso pérfido “del cupo femenino” y “la perspectiva de género” por parte de un ministro que despide embarazadas y jefas de hogar, apalea a manifestantes sin distinción de género y sostiene una brecha salarial en perjuicio de las trabajadoras precarizadas que supera el 35% (datos de la Encuesta Permanente de Hogares). Más allá de la impostura de que exista algún interés por la representación igualitaria femenina en un gabinete integrado por doce hombres y solo dos ministras -dejando en claro que nada nos importa menos que ampliar el número de Patricias Bullrich o Carolinas Stanley en el Ejecutivo nacional.

El género contra trapitos y cuidacoches

El mismo día que a Triaca le agarró el ataque de perspectiva de género, Horacio Rodríguez Larreta anunció modificaciones represivas en el Código Contravencional que combinan “enfoque de género y embate contra trapitos y limpiavidrios” (Nueva Ciudad, 30/5). “En el marco de una presentación con claro énfasis en la cuestión de género” propuso “sancionar a quienes limpien vidrios o cuiden coches en la vía pública "sin autorización", considerando como agravante que la “víctima” sea mujer” (ídem).

El gobierno del PRO hace 12 años que quiere convertir en delincuentes a los pibes que sobreviven en la calle con el único propósito de centralizar esa caja. Ahora quiere echarlos ¡en nombre de los derechos de las mujeres! La ministra de Desarrollo Humano Guadalupe Tagliaferri planteó que para las automovilistas “es muy difícil parar a los trapitos, nos sentimos intimidadas” y explicó que “las políticas públicas tienen que tener una mirada de género”. Los cuidacoches y trapitos serán multados “para que las mujeres transiten más seguras en la calle” (sic).

La misma semana en que Triaca y Rodríguez Larreta velaban por los intereses de las ciudadanas, despedían cientos y miles de asalariados, entre ellos embarazadas y jefas de familia (por ejemplo en el hospital Garrahan). Apaleaban a trabajadoras del subte, prohibían el ingreso a delegadas del INTI o redoblaban el ataque contra las docentes.

Por supuesto, ni el gobierno nacional ni el porteño inventan nada. La idea de edulcorar “las políticas públicas” con perfume de mujer es un cuento viejo que comenzó en 1975, cuando desde Naciones Unidas se propuso responder al alza del movimiento de mujeres con la incorporación de la dirección del movimiento feminista de la igualdad a todos los niveles del poder capitalista, desde el FMI y el Banco Mundial hasta los gobiernos locales. Fue una decisión astuta que las mantuvo por años discutiendo cuestiones como el cupo o detalles de leyes protectoras que rara vez contaron con el presupuesto necesario para ser efectivas. Y legitimando con su presencia políticas estatales que redundaron en una intensificación de la pobreza, la precarización del empleo, el desmantelamiento de los servicios de salud y educación, etc.

Los derechos del género separados de la perspectiva de clase pueden legitimarlo todo, desde los bombardeos a Bagdad “para liberar a las mujeres del yugo del Islam” hasta la regimentación represiva de la vida ciudadana o la intervención estatal de organizaciones sindicales.

La doble opresión de las mujeres solo será superada con la destrucción del capitalismo, el régimen social que la aprovecha.