Hace prácticamente un mes, el gobierno provincial de Tucuman niega el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 11 años que desde un primer momento manifestó que quería interrumpir el embarazo producido por una violación de la pareja de su abuela.

En un primer momento, las maniobras giraron en torno a la firma del consentimiento. Ni su  abuela ni su madre podían darlo porque habían perdido la guarda, producto de otra situación de abuso a otras de sus hijas por parte de una ex pareja.

Una vez que se resolvió la guarda en favor de su madre, las autoridades informaron que se negó a firmar el consentimiento, en lo que sería un repentino cambio de opinión.

La niña está prácticamente aislada en el hospital donde está internada, para que no tomen contacto con ella las organizaciones de mujeres que están reclamando por el cumplimiento del aborto no punible, dado que el caso está previsto en las causales que sostiene el Código Penal en el artículo 86, y, más grave aún, para que los profesionales de la institución no intervengan. Al caso lo manejan funcionarios del Sistema Provincial de Salud y la dirección del hospital, quienes han dado la orden que nadie se le acerque.

La fiscal actuante en la  investigación penal por el abuso, Adriana Giannoni, que ha hecho pública su posición anti-derechos, solicitó que una defensora oficial intervenga en defensa del feto y citó a los médicos que están atendiendo a la niña para interrogarlos, un amedrentamiento para que no practiquen el aborto.

Como en el caso de la niña de 12 años en la provincia de Jujuy, todas estas dilaciones apuntan a hacer inviable la interrupción del embarazo y se inscribe en la línea del proyecto presentado por 29 diputados oficialistas y opositores de la provincia para impedir la práctica de abortos por causa de violación, que finalmente debieron retirar el amplio repudio recibido. Ahora, vuelven a la carga para sentar un precedente por la vía de los hechos.

Organizaciones de mujeres de la provincia hemos realizado una conferencia de prensa y una presentación ante las autoridades para exigir que se cumpla la Interrupción Legal del Embarazo. Numerosas organizaciones nacionales ya se han pronunciado.

Es fundamental continuar con el camino de la movilización y poner en pie una campaña contra la maternidad forzada y sus promotores que, como lo demostró la lucha por la libertad y absolución de Belén, es el único camino que puede quebrar la política oscurantista y clerical que impide el cumplimiento del aborto no punible en el país.