Este lunes 4 de octubre se llevó a cabo una concentración en las puertas de Tribunales contra el abuso sexual infantil y la prescripción de las causas penales en la justicia. Fue convocada por María Tobbio, víctima y denunciante de abuso sexual en su infancia, que hoy lucha contra la archivación de su propia causa, desestimada en febrero de este año por el fiscal Alejandro Peregrinelli.

A la jornada se sumaron madres de victimas de abuso quienes también denunciaron en la justicia y han caído en manos del mismo fiscal que desestimo la causa de Marita. Julieta se sumó a luchar en los últimos meses contra el abuso de su hija por su propio padre policía, hoy en prisión preventiva, pero percibiendo aún su sueldo, mientras ella se encuentra desempleada, sin ingreso económico alguno y dos hijos más. Nadia, también madre protectora, denuncia el abuso sistemático a su hija de seis años, mientras el abusador sigue libre a pocas cuadras de su casa, y desde la fiscalía no dan respuesta alguna.

Desde el Plenario de Trabajadoras nos concentramos reclamando justicia y la implementación de la ley 27.206, la cual suspende los plazos de prescripción de la denuncia mientras la víctima sea menor de edad hasta que cumpla la mayoría y realice la denuncia. La ley aprobada en 2015 solo es aplicada a los abusos cometidos luego del año en que entró en vigencia. Así mismo hicimos una fuerte denuncia a la falta total de asistencia y acompañamiento para las victimas desde el Estado.

En cuanto al poder judicial, solo les responden de la puerta para afuera, con malos tratos y permanentes revictimizaciones a quien toman la decisión de denunciar y emprender un camino contra la impunidad. No solo fallan en la prevención de los casos de abuso infantil, garantizando de base la implementación a una educación sexual integral desde el comienzo de la infancia, sino que tampoco son capaces de garantizar el juicio y castigo de los abusadores y pedófilos.  Que las causas proscriban da vía legal al resguardo y protección a los victimarios y perjudica a las víctimas. La pertenencia del abusador a las fuerzas policiales no es un dato menor ni casual, ya que gran parte de las denuncias de abuso son radicadas en contra de estos agentes del Estado, lo cual implica el entorpecimiento, la dilación e incluso el archivo de los casos.

Estamos frente a un claro fracaso del Estado y del sistema judicial. Es fundamental avanzar en el planteo de la elección popular de los jueces y fiscales y la condición de revocación ante el mal desempeño de sus funciones para acabar con la justicia machista y patriarcal, la eliminación del carácter prescriptivo de las denuncias por abuso y la efectiva implementación de la ESI en todos los niveles educativos que permita la detección de los casos de abuso en las infancias para terminar con la impunidad.

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