Una vez más Mar del Plata se ve sacudida por la impunidad en un caso de violencia de género. Lucas Pittman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba fueron encontrados “no culpables” en el juicio por jurados realizado esta semana por el delito de abuso sexual con acceso carnal perpetrado contra una menor de 14 años en el camping El Durazno (Miramar) durante la noche de año nuevo de 2019.

Se trata de una violación en manada llevada a cabo por hombres adultos, entre tres y cinco, que alegaron “consentimiento” de parte de una adolescente de 14 años. La violación ocurrió semanas después del fallo que absolvió a los femicidas de Lucía Perez, lo que constituyó un mensaje claro del Estado a la sociedad: la violencia de género está permitida, y no será castigada, porque el propio Estado la ampara.

Desde el inicio, la misma maldita policía que asesinó a Natalia Melmann protegió a los acusados: no preservaron la escena, ni ordenaron el traslado inmediato para pericias médicas. Posteriormente, el subcomisario de Miramar, Andrés Caballero, fue separado de su cargo por ello.

Tras casi dos años de demora, se realizó el juicio. A pedido de los acusados, el proceso se constituyó por jurado popular. Esta modalidad no permite apelar la resolución, por lo que el abogado de la familia declaró que seguirán el largo camino de plantear la inconstitucionalidad de la Ley de Juicios por Jurado, ya que viola la ley de protección integral de la víctima.

Durante los días del juicio la familia emitió un comunicado desmintiendo información vertida en los medios que “perpetúa el hostigamiento”, como lo definieron, al indagar en la vida privada de la joven y su familia, y no en la de los violadores; un patrón que se repite cotidianamente. Convocaron también a acompañarlos en la puerta del Teatro Auditorium, donde se realizaban las sesiones sin público ni prensa, y organizaron radios abiertas a diario con el acompañamiento de organizaciones de mujeres y fuerzas políticas que se congregaron durante toda la semana.

Frente a la escandalosa resolución y la imposibilidad legal de apelación, hoy está planteada la tarea de redoblar la movilización callejera que acompañó el juicio para repudiar el fallo y exigir la condena y cárcel efectiva para los responsables. Vamos por una gran movilización esta semana con el acompañamiento de las mujeres de todo el país contra la violencia y la impunidad. Solo la organización popular e independiente del Estado garante de la impunidad puede enfrentar la violencia contra la mujer y la lucha por justicia. ¡Ganemos las calles! El Estado es responsable.

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