Hace más de un mes, vecinos lindantes a la Zona Roja de la ciudad de Mar del Plata vienen denunciando su desborde y una serie de incidentes que involucran tanto situaciones relacionadas con la prostitución como también al narcotráfico. La situación de desempleo y precariedad que atraviesa el país, agravada por la crisis desatada a partir de la pandemia, ha hecho crecer a gran escala la Zona Roja, empujando a cientos de personas a la prostitución y, como consecuencia, también a ser utilizadas en el narcotráfico por los proxenetas y los punteros.

Las tensiones y ataques entre las personas en situación de prostitución, los traficantes, la policía y los mismos vecinos aumentaron notoriamente este último tiempo. Luego de varios episodios, los vecinos decidieron manifestarse exigiendo la intervención del gobierno municipal, exigiéndoles “correr” la Zona Roja y un mayor control policial.

La Zona Roja es un territorio delimitado por las avenidas Colón, Luro, Jara y Champagnat, que recientemente vivió una expansión de su superficie, abarcando partes de barrios adyacentes. Éste tiene su eje sobre avenida Luro, donde se dividen dos sectores claramente marcados: hacia un lado predomina la prostitución de mujeres cis y hombres cis, hacia el otro se encuentra una zona compuesta casi en su totalidad por población perteneciente a la comunidad travesti-trans.

Esta zona ha sido liberada por las propias fuerzas de seguridad para dar vía libre a los negocios ilegales de los narcos. A pesar de esto, la policía mantiene un fuerte control para garantizar la continuación de la venta de estupefacientes y el regenteo, con varias patrullas colocadas a lo largo de las cuadras. La connivencia entre las fuerzas policiales y los narcos, avalada por el gobierno municipal, es abiertamente conocida por los vecinos de Mar del Plata.

A pesar de esto, desde el entorno del actual intendente Guillermo Montenegro (Cambiemos) se asegura que van a “controlar y correr la zona”. En primer lugar, omiten el hecho de que la zona ya está controlada por las fuerzas de seguridad, quienes constituyen el actor social garante de su funcionamiento, avalando el proxenetismo y la inserción del narcotráfico en la sociedad y principalmente en sectores vulnerables como es la población travesti-trans que es regenteada en la zona. Por otro lado, no ofrecen ninguna salida para desarmar la zona a partir de políticas de asistencia reales a las personas que deben someterse a la prostitución para poder sobrevivir, no hablan de desmantelar ninguna de las redes de trata que operan en la zona, ni ninguna de las redes de narcotráfico.

En las últimas semanas se creó una Mesa de Trabajo en la que participan la Secretaría de Seguridad Municipal, Desarrollo Social de Nación, Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el objetivo de “trasladar” la Zona Roja.

La naturalización por parte del municipio de la existencia de la Zona Roja habla de una política sistemática de aval a estos negocios altamente redituables, donde las personas en situación de prostitución terminan siendo las principales víctimas, expuestas a todo tipo de violencias. Esto se recrudece particularmente entre las personas travesti-trans, siendo la prostitución casi su única fuente de ingreso. Por otro lado, con la excusa de “trasladar” la zona, buscan tener una mayor penetración en los barrios carenciados lindantes e incrementar su política de persecución hacia las personas en situación de prostitución y, en particular, a las diversidades de género.

Mientras el actual gobierno propone salir de esta situación otorgándole mayor poder a las fuerzas represivas que garantizan las zonas liberadas y son autoras de los maltratos a las personas en situación de prostitución, y en particular arremetiendo contra la integridad de la comunidad travesti-trans, desde el Plenario de Trabajadoras y la agrupación LGBTI 1969 vemos fundamental organizarnos de manera independiente del Estado ajustador y el gobierno municipal, principales responsables de nuestra vulnerabilidad.

A días del 28J, día de lucha contra los travesticidios y transfemicidios, seguimos exigiendo un subsidio de $30.000 a les desocupades y la aprobación e implementación inmediata del cupo laboral travesti-trans para garantizar trabajo genuino para todas las compañeras. También, la eliminación de todos los códigos contravencionales que criminalicen a las personas en situación de prostitución y el desmantelamiento de las redes de trata y narcotráfico.

Más que nunca es necesario luchar por un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades sexuales y de género, con cargos revocables y votados por nosotres, que resuelva e implemente las políticas sociales y económicas necesarias para garantizar nuestras condiciones de vida. Para ello, el no pago a la deuda externa y un impuesto a las grandes fortunas, para destinar el ahorro nacional a la asistencia inmediata de todes les trabajadores y desocupades se vuelve una cuestión de primer orden.