Este lunes, en nuestra ciudad, se dio a conocer el arbitrario fallo del Juez Alfredo López a cargo del Juzgado Federal Nº 4, que hizo lugar a una medida cautelar para dejar sin efecto la Ley 27.610 que contempla la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14, recientemente aprobada en diciembre del 2020, gracias a la movilización callejera de la Marea Verde.

En el país se presentaron, hasta la fecha, 29 recursos de amparo de este estilo, todos intentos de sectores “antiderechos” para evitar el efectivo cumplimiento y aplicación de la ley. Si bien 18 de estos recursos que apelaban a la inconstitucionalidad de la mencionada ley fueron rechazados categóricamente, no corrimos con la misma suerte en Mar del Plata.

En “la feliz” el Juez López, confeso militante pro aborto clandestino, manifiesta abiertamente en su sentencia que la ley 27.610 “vulnera los derechos del niño contemplados en la Constitución Nacional”, tema arduamente debatido y ya cerrado en el Congreso y en nuestra sociedad, previo a su aprobación. López, no conforme con sus anteriores enunciados, solicita que los miembros de la Corte Suprema de la Nación definan si la mentada Ley es o no constitucional, argumentando que hasta entonces, no puede ser aplicada. aUn clásica estrategia dilatoria y correctiva aplicada hacia las personas que desean detener su embarazo.

La sentencia no puede interpretarse de otra manera que como un ataque oscurantista y clerical a los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. La resolución evidencia una arremetida contra la libertad de decisión sobre los cuerpos y la autonomía de las personas gestantes.

Mención aparte merece Héctor Siri, el abogado que inició este misógino revuelo judicial, el cual es conocido por mantener importantes relaciones con la Iglesia Católica, con políticos del calibre de Aldo Rico, y que actualmente se encuentra procesado en la causa que investiga las estafas contra la Anses, entre otros detalles.

El caso ejemplifica con claridad que ante el avance de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales la Iglesia no se queda de brazos cruzados y busca alianzas en el Poder Judicial.

De cara a la cantidad de recursos de amparo y de otras tantas medidas antidemocráticas que surgen para impedir el efectivo cumplimiento de la IVE y cercenar los derechos sexuales y reproductivos, las declaraciones de la Ministra Alcorta que confirman que el gobierno nacional apelará este aberrante fallo, resultan insuficientes. Es el propio gobierno nacional y los gobiernos provinciales quienes designan a los jueces misóginos y oscurantistas.

Solo la separación de la Iglesia del Estado garantizara el desmantelamiento de los pactos entre el Clero y el Poder Judicial, es decir uno de los bastiones de opresión de la mujer bajo este régimen social.

Desde el Plenario de Trabajadoras de Mar del Plata repudiamos el fallo del Juez López, y llamamos a todo el movimiento de mujeres y diversidades a defender y exigir la efectiva implementación de la IVE; a la elección popular de los jueces junto a un fuero único de género y a abrir un curso de acción que luche por la separación de la Iglesia del Estado.

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