En la misma semana en que se conoce el aberrante crimen de Emma Córdoba en La Plata, en la ciudad de Mar del Plata tenemos nuevas noticias sobre el juicio que se está llevando adelante por la violación y asesinato de Lucia Pérez en octubre del año pasado.

 

Pocos días después de la aparición del reporte final de la Junta Médica, que dio cuenta de que Lucía “murió asfixiada por sofocación y que podía tener disminuida su conciencia al momento del hecho” y que tenía lesiones compatibles con una violación, la defensa oficial presentó el informe médico pericial de parte, en el que “la perito Natalia Inés Corti fundamentó los motivos por los que no puede determinarse la causa exacta del deceso de la adolescente” (0023, 7/7). Frente a esto, se ha dispuesto la realización de una nueva Junta Médica a cargo de los peritos de la Corte Suprema de la provincia.

 

La causa

 

El caso que causó una conmoción social sin precedentes, llevando a la realización del primer paro nacional de mujeres el 19 de octubre (que dio cuenta de las enormes reservas de lucha del movimiento), sigue siendo motivo de intrigas y encubrimientos. Ahora mismo, la familia pelea para que los tres detenidos sean juzgados por homicidio agravado. Recordemos que solo Matías Farías está acusado por violación seguida de muerte, mientras que Offidani (hijo de un contador muy renombrado en la ciudad) está imputado como partícipe necesario.

 

El crimen de Lucía Pérez no dejó lugar a dudas sobre la trama narco-mafiosa que la asesinó, que cuenta con la complicidad de distintas esferas del Estado (justicia, policía), como lo puso de manifiesto el caso del encargado del monitoreo de las cámaras: conocido defensor de narcos, sólo fue removido de su cargo por la presión popular, luego de autoproponerse para ser abogado defensor de uno de los acusados por el asesinato. Con todo, no existe ninguna investigación que pese sobre su persona.

 

A su turno, la red de venta de drogas que merodea en los colegios de Mar del Plata ha sido borrada del mapa, cuando una investigación sobre los vínculos estatales con el narcotráfico debiera haber sido una causa anexada. Los libros de las comisarias 13ª del barrio La Serena, 3ª del Puerto y 5ª del barrio Los Troncos, que liberan la zona para el accionar de estas bandas, siguen cerrados.

 

El intendente derechista Carlos Arroyo (Cambiemos), quien debiera haber dado explicaciones por las zonas liberadas para los narcotraficantes, por los vínculos de miembros de su partido con estas bandas delictivas y porque sus funcionarios minimizaron el crimen de Lucía, mantuvo su tesitura de que la lucha contra la violencia hacia la mujer es una cuestión de "modas".

 

Las fuerzas patronales han querido lavarse la cara con una declaración de emergencia en violencia de género sancionada en el Concejo Deliberante, que no prevé siquiera un presupuesto. Todos los funcionarios cómplices, incluso los concejales que miraron para otro lado, están en competencia de cara a las PASO.

 

En este cuadro, está planteado retomar la movilización para lograr justicia por Lucía, y reclamar la investigación de los lazos estatales.