En la noche del miércoles 22 fue encontrado en el Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, el cuerpo de Gimena Silva, una joven de 20 años asesinada por su pareja, Héctor González.

 

Como testimoniaron los familiares, las golpizas y ataques por parte de González eran una constante. En más de una oportunidad, la joven presentó denuncias por violencia de género: en marzo de 2015 se inició a González un proceso penal a raíz de la denuncia de Gimena de una golpiza, robo y violación. La joven, en aquella oportunidad, sostuvo en su testimonio que “no puedo volver con él porque me va a matar”, pero como toda resolución se dio a Giménez una condena de 2 años por el robo y una restricción de acercamiento. Tal conclusión de la causa pone de manifiesto la responsabilidad del Estado en el derrotero que llevó al femicidio; como señaló la fiscal a cargo del asesinato presente, se trata de la "crónica de una muerte anunciada".

 

En Mar del Plata, que presenció el brutal asesinato de Lucía –un crimen que desnudó la complicidad policial y de funcionarios municipales en las zonas liberadas y el narcotráfico, y suscitó la gran movilización del primer paro nacional de mujeres– continúan sin pausa los femicidios: antes de Gimena, resonaron los casos de Valeria Britez y de Diamela Sánchez.

A su turno, en noviembre se informaba que "las denuncias mensuales por violencia de género en Mar del Plata han aumentado de 600 a 900 en el último año" (La Capital, 14/11). Mientras tanto, la emergencia de género resuelta en junio continúa siendo sistemáticamente incumplida, sin las asignaciones de presupuesto necesarias por parte de la intendencia de Carlos Arroyo –quien sostuvo a principios de noviembre que “los políticos malgastan dinero en campañas que están de moda, como la de violencia de género".

 

Está planteada la lucha por el juicio y castigo a todos los responsables por el asesinato de Gimena. Este reclamo se integra al programa para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cuando las mujeres debemos parar para exigir la implementación urgente de medidas de protección a las mujeres que sufren violencia –recepción de denuncias en cualquier dependencia estatal las 24 horas, hogares refugio, asistencia médica, psicológica y económica para la víctima, con garantía laboral y de vivienda inmediata, exclusión de los violentos y garantía de cumplimiento de las restricciones–, demandar la puesta en pie de un Consejo Autónomo de la Mujer, electo por todas las mayores de 14 años, con presupuesto garantizado por el Estado, para garantizar estas medidas, y levantar la bandera "Ni Una Menos. El Estado es responsable".