El 8 de Septiembre de 1990 se perpetró el crimen atroz de María Soledad Morales, una chica catamarqueña de 17 años. Las pericias sobre su cuerpo, encontrado dos días después de su desaparición, dieron cuenta de que habría sido drogada, violada y asesinada.

Fue un crimen atravesado por la impunidad y el encubrimiento del poder político y judicial a los responsables, hijos y sobrinos de diputados, comisarios y representantes políticos de la provincia catamarqueña. Sin embargo las significativas “marchas del Silencio” impulsadas por familiares, amigos y conocidos de María Soledad, que se replicaron a lo largo y ancho de todo el país, generaron una fuerte crisis política que obligó al gobierno nacional bajo la presidencia de Carlos Menem a intervenir la provincia, aunque tejiendo también un manto de encubrimiento.

La Justicia, el poder político y la policía, garantes de la impunidad

Luego de participar de una fiesta para juntar fondos para el viaje de egresados de su curso, Luis Tula, un hombre adulto doce años mayor que María Soledad (con quien mantenía una relación), la llevó a una fiesta privada. Allí se encontraban Guillermo Luque (hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque), Diego Jalil (hijo del Intendente de la ciudad en ese entonces), Arnoldito Saadi (primo del gobernador de Catamarca), Miguel Ferreyra (hijo del jefe de la policía), entre quienes la drogaron con cocaína y abusaron de ella.
Tras dos días de búsqueda, su cuerpo fue hallado por operarios de la vialidad nacional en la zona de Parque Daza a unos siete kilómetros de la capital catamarqueña sobre la ruta 38, con el rostro completamente desfigurado, quemaduras de cigarrillo y claros indicios de haber sido brutalmente golpeada.

La implicancia de los hijos del poder en el crimen dio lugar a que desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. La investigación judicial tardó más de dos meses en abrirse, tiempo en el cual, entre otras cosas, el jefe de la Policía de la Provincia Miguel Ángel Ferreyra -padre de uno de los asesinos-, ordenó lavar el cuerpo hallado, borrando huellas y señales de modo irrecuperable.

En este contexto, el por entonces diputado nacional por Catamarca Ángel Luque -padre de Guillermo Luque-, declaró que “si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido”.
El escándalo llevó a la expulsión del diputado del Congreso, producto de las movilizaciones que no cesaban de crecer en todo el país. En un intento de frenar el reclamo en las calles, en 1991 Carlos Menem intervino federalmente la provincia, primero el poder judicial, luego el legislativo y finalmente el ejecutivo, destituyendo a Ramón Saadi, que era incluso un gobernador peronista y aliado de Menem. Para esto envió al ex subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Luis Patti -represor con cadena perpetua desde el 14 de abril de 2011 por crímenes de lesa humanidad-, que también demostró falta de voluntad en la resolución del caso y abierta complicidad con los acusados.

El primer proceso judicial se inició recién en 1996, seis años después de los hechos, juicio que fue anulado por el nuevo escándalo que generó la primacía del juez Juan Carlos Sampayo por los acusados. Un año después, en 1997, se comenzó un nuevo proceso judicial; que en 1998 condenaría a Guillermo Luque a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad Morales (de los cuales solo cumplió catorce años hasta que el 12 de abril de 2010 la jueza catamarqueña Alicia Cabanillas le concedió la libertad condicional por “buen comportamiento”), en tanto que Luis Tula fue condenado a 9 años de prisión como partícipe secundario del delito de violación.

La investigación a quienes encubrieron, e incluso ensuciaron pruebas, y al resto de los cinco partícipes del crimen nunca se inició, aunque el tribunal dictaminó hacerlo. El encubrimiento alcanzó a la élite de la policía catamarqueña, al exgobernador Ramón Saadi, al subcomisario Luis Patti e incluso al propio expresidente Carlos Menem. El intento de las autoridades de Catamarca por encubrir el asesinato desencadenó históricas movilizaciones populares que contaron con el apoyo de amplios sectores en todo el país, tras lo cual se logró parcialmente el esclarecimiento del homicidio, pero no así el enjuiciamiento. Por otro lado se pusieron de manifiesto las condiciones semifeudales de ejercicio del poder en muchas provincias argentinas. Treinta años después, reivindicamos a fondo las Movilizaciones del Silencio como las primeras en la historia de nuestro país en luchar y denunciar un caso de femicidio, término empleado a partir de la década del 90.

Actualmente, la impunidad a hijos del poder sigue perpetuando y siendo materia de denuncia del movimiento de mujeres. Lo vemos en casos como el de Rodrigo Eguillor o el crimen de Marilina Tolon. La garantía de impunidad que se les brinda, deja en manos del movimiento de mujeres independiente ponerse a la cabeza de repudiar el trasfondo. Está más latente que nunca, entonces, la necesidad de la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres con presupuesto propio para organizarnos políticamente y tomar riendas en la pelea contra los abusos, la violencia y opresión.

Justicia por María Soledad Morales. El Estado es responsable.