El juicio por la desaparición de María de los Angeles "Marita" Verón está llegando a su fin: se prevé que hacia el 12 de noviembre los jueces dicten sentencia. ¿Qué deja este proceso, que se inició el miércoles 8 de febrero? Más allá de las eventuales condenas a los trece imputados -se los acusa de privación ilegítima de la libertad y de promoción de la prostitución-, lo que quedó claro durante todo el juicio oral es que si bien los imputados han sido parte integrante de una banda dedicada a los secuestros y trata de mujeres, los peces más gordos de esta historia no estuvieron sentados en el banquillo de los acusados.

Esto quedó en evidencia desde los primeros testimonios, cuando comenzaron a aflorar las necesarias conexiones entre los poderes político, judicial y policial con todo este negocio criminal de las redes de trata de personas. Las vinculaciones entre dirigentes políticos, funcionarios judiciales, magistrados y las cúpulas policiales quedaron tan escandalosamente manifiestas que en su alegato, el querellante José D'Antona pidió a los jueces que reabran la investigación y que incluyan, como imputados, al ex gobernador Julio Miranda -(mentor del actual mandatario, José Alperovich), al ex secretario judicial Ernesto Baaclini -acusado por Susana Trimarco, madre de "Marita", de desviar la pesquisa mediante la atención a trece pistas falsas- y al capomafia tucumano Rubén "La Chancha" Ale -barón del juego y de todos los negociados que lo rodean-, entre otros.

D'Antona indicó que la "Chancha" Ale ponía el dinero, y que Miranda era empleado de aquel (La Gaceta, 31/10). D'Antona consideró una vergüenza que "La Chancha", nombrado varias veces como el jefe de la mafia que secuestró a "Marita" para prostituirla, no esté enjuiciado (ídem). La estrecha relación entre Ale y Miranda ya fue expuesta con detalles en estas páginas ("Tucumán: ponen a las hienas a ‘cuidar' a las ovejas", PO Nº 1.231, exclusivo de Internet).

En su exposición final, el querellante describió las principales hipótesis de investigación que en su momento había desechado la Fiscalía de Instrucción -Baaclini-. En cada una detalló lo que consideró la conexión política y policial. "Hace diez años y medio que el Estado no le puede devolver su hija a Trimarco" (ídem).

Además de Miranda, de Baaclini y de Ale, D'Antona pidió a los jueces que incluyan en la ampliación de la investigación como posibles autores, coautores o instigadores del secuestro de Marita a otras once personas. Entre estas, al ex secretario de Seguridad de Tucumán Julio Díaz, al ex juez de La Rioja Daniel Moreno y a los policías Víctor Lisandro, Mario Corpus, Víctor Juárez, Julio Lisandro y Héctor Brito. Durante todo el juicio, la mayoría de los testigos mencionó a todas estas personas en sus declaraciones. D'Antona pidió penas de entre doce años y 25 años para los imputados.

Se rumorea en los pasillos que los jueces podrían ser benevolentes con algunos, y que sólo condenarían a otros para evitar una escandalosa revuelta. Pero en el mejor de los casos, terminarán en la cárcel solo algunos eslabones de un enorme aparato delictivo montado para la trata de personas.

Debido a ello, es preciso intensificar el reclamo en estos últimos días del juicio, para que en el fallo los jueces atiendan el pedido del querellante e inicien una investigación para que todos los peso pesados de las redes de trata, que siguieron este juicio por TV, sean enjuiciados y condenados.