La emergencia sanitaria por Covid-19 dictada en la provincia de Mendoza por el gobernador Rodolfo Suárez y avalada por una amplia mayoría en la Legislatura, agudizó el ataque institucional sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en el precario sistema de salud.

Los espacios conquistados gracias a la lucha de años del movimiento de mujeres, que se tradujeron en avances legislativos y creación de instituciones, están siendo progresivamente afectados por el gobierno.

Por supuesto que arrastramos problemas previos a la pandemia, sobre todo en relación a la Ley 25.929 de Parto Respetado. Por ejemplo, en el Hospital estatal materno-infantil Dr. Ramón Carrillo, que cuenta con la única sala de parto acuático, se recortó el horario del único profesional anestesista que brindaba la institución, fijando así horarios para parir, lo que implica una violación a las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) que plantean un “piso básico” de condiciones para asistir alumbramientos en Argentina.

La  emergencia sanitaria lejos de solucionar estos problemas los acentuó. Tal es así que ahora cerraron la sala de partos acuáticos y la convirtieron en una sala de depósito, como denuncian las parteras del hospital y también la comunidad (como la página de Facebook Apoyemos la maternidad del Hospital Carrillo) que ha realizado distintas acciones de lucha frente al hospital para reclamar contra estos atropellos.

El gobierno de Suárez creó una Comisión Intersectorial de Salud de Gestión Estatal y Privada (a la que incorporó al exministro de salud Rubén Giachi, que había renunciado por denuncias de violencia de género y el repudio popular) que junto con la ley de emergencia sanitaria por Covid-19 readecuaron hospitales y centros de salud para hacer frente a la contingencia.  De esta manera el hospital Carillo fue readecuado como refuerzo del Hospital infantil Humberto Notti y las parturientas son derivadas a la principal maternidad provincial en el Hospital Lagomaggiore, donde las denuncias sobre la violencia obstétrica y el no respeto a la presencia del acompañante en todas las instancias del parto son recibidas constantemente en el movimiento de mujeres organizado, todo esto pese a existir la ley nacional 25.929, reforzada bajo cuarentena por protocolos y resoluciones ministeriales para que se garanticen derechos.

Desde el 2017 existe un Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) que con una mirada profesional sobre maternidad segura y centrada en la familia, adecuación de las prácticas instituciones a las leyes de parto humanizado, nacional y provincial y la ley 26.485, impulsa entrevistas a las mamás y personas gestantes, capacita personal, brinda información, entre otras funciones.

Pero bajo cuarentena y la cuestionada fase de “distanciamiento social” en que nos encontramos, el escasísimo personal femenino del OVO está siendo atacado laboralmente, y cada vez se reducen más los recursos para el programa. Reclamamos que la acción del mismo sea extendido a todo el área de salud de controles pre natales, ginecológicos, partos, control de niño y tratamiento hormonal para personas trans.

La Obra Social de Empleados Públicos (Osep) arrancó la pandemia eliminando la gratuidad del Plan Nacer. Continuó con sus ataques sobre trabajadoras prestadoras de la salud embarazadas, quitando la cobertura de la obra social para el parto y quitando el período de carencia. Se trata de trabajadoras precarizadas que durante toda la pandemia, además de estar en primera línea de combate contra el Covid-19, han tenido que protagonizar una gran lucha por su pase a planta permanente, por la cobertura de ART y obra social y pago de salarios adeudados.

Desde el Plenario de Trabajadoras hacemos responsable al gobierno de Rodolfo Suárez y a su Comisión Intersectorial de Salud de Gestión Estatal y Privada, de vulnerar los derechos conquistados por la lucha de las mujeres y la diversidad.

Hacemos un llamado al movimiento de mujeres a no dejar pasar estos atropellos y dirigir con acciones directas y colectivas los reclamos al gobierno provincial.