El miércoles 29 de octubre, en el Palacio de la Injusticia, se conoció la sentencia en el caso de Micaela Reina, niña violada y asesinada durante el gobierno de Julio Cobos.

El tribunal dio el beneficio de la duda uno de los acusados (los hermanos Pradenas). Al otro lo condenaron a seis años de prisión, pero sólo por privación ilegítima de la libertad, desconociendo el resto de la acusación: privación ilegitima de la libertad y abandono de persona seguido de muerte. El fiscal había pedido 17 años de cárcel.

Además de la sentencia de los hermanos Pradenas, también se dictó la de quien fue antes acusado de la muerte de Micaela, Apolo Díaz, pero por robos en una causa anterior y no por el crimen de la pequeña. Recibió 3 años y 5 meses.

El gobernador de la provincia, Celso Jaque, y su ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, habían visitado a Marta Reina, mamá de Micaela, sólo para que se tranquilizara, para que pensara que el gobierno se encargaría de hacer justicia y no siguiera peleando. El fallo revela su complicidad.

Todo eso fue lo que denunciamos el jueves 5 en las escalinatas de los tribunales, con la radio abierta del Sitea (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados) junto a los trabajadores que reclamaban por el pago de la antigüedad.

Nuestra salida es la autodefensa de las mujeres, organizadas en asambleas en los lugares de trabajo, estudio y barrios, debatiendo quiénes son los responsables políticos de esta descomposición social. El 25 de noviembre nos movilizaremos nuevamente por las calles mendocinas, para que quienes tengan miedo sean los que protegen y reproducen a los violadores.