A medida que van apareciendo nuevos elementos comienza a clarificar lo que ocurrió con Florencia Romano. Se confirma que se la podía salvar y esto no ocurrió por responsabilidad del Estado, sus instituciones y el mismo gobierno con el gobernador Rodolfo Suárez a la cabeza. Todos deben estar sentados en el banquillo de los acusados.

La población está dominada por la bronca e indignación, esta debe apuntar directamente a los responsables políticos directos como el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y el jefe de la policía, Roberto Munives.

Hechos

Existió un llamado al 911 alertando sobre violencia de género, indicando lugar exacto donde estaba cautiva Flor, la policía que atiende la línea cortó la comunicación y no dio curso a la denuncia. Pero lo que no se sabe es que la búsqueda y el operativo se pusieron en marcha, dos días después, recién el lunes, luego de que la familia materna, vecinos amigos de Florencia cortaran las avenidas su barrio, frente a la negativa de la policía y la fiscalía de la zona por tomar las denuncias de desaparición.

El lunes la policía amenazó con detener y pedir las imputaciones a quienes estaban cortando la ruta, luego de que pasaran casi 48 horas de la confirmación de que Flor estaba desaparecida. La fiscal Claudia Ríos completó el cuadro de amedrentamiento estatal planteándoles que si seguían cortando la calle iban a tener que destinar menos efectivos a la búsqueda por que tenían que garantizar la libre circulación.

En la fiscalía no les tomaron la denuncia ni el sábado ni el domingo con el argumento de que faltaba personal; el poder judicial está sufriendo un recorte sistemático en todos los planos, mientras algunos jueces de la corte cobran dietas millonarias.

Varios días después de comenzado el “rastrillaje” en la zona donde estuvo por última vez Flor, se encontró una bolsa con un cuchillo y una prenda íntima, a tan solo 70 metros de la casa donde estuvo cautiva Flor. A 250 metros de la misma está apostada la comisaría de Gutiérrez. La denuncia telefónica fue a las 18.58 horas, el celular de Flor se apagó casi 20 minutos después. Inapelable, contundente y doloroso.

Levrino y Munives

“Estos hechos son evitables con educación” fue la frase que usó Munives, el jefe de la policía, para referirse a Flor. Es decir que los problemas de inseguridad, particularmente los que tienen que ver con violencia de género y femicidios, son un problema de las familias y no de seguridad. Esta definición pinta de cuerpo entero la orientación que le imprime el jefe de policía, y todo el gobierno, a una institución fuertemente cuestionada desde hace mucho tiempo.

El trato despectivo de la institución policial sobre las “pibas de pañuelo verde” y las sistemáticas denuncias del movimiento de mujeres sobre este hecho es una realidad. La línea oficial de desprecio a la lucha del movimiento de mujeres tuvo como conclusión que la agente policial que atendió la llamada del 911 desestimara la denuncia por “violencia de género” incluso cuando fue tan precisa como consta en el registro de la llamada.

El ministro y el jefe policial se dedicaron a difundir por los medios la responsabilidad de las familias, diciendo que había que tener cuidado, es decir, una línea de culpabilización de las víctimas, para eximir sus responsabilidades como máximos jefes políticos de seguridad.

Munives viene desarrollando una política de “mano dura” y de espionaje contra la protesta popular, como da cuenta el famoso ciberpatrullaje y monitoreo de redes sociales, algo que se ve no afecta a la actividad que tenía Arancibia mediante Instagram y que contaba con dos denuncias previas.

Por su parte el ministro de Seguridad no desentona con las opiniones retrógradas del jefe policial, basta recordar el ataque de características patoteras y machistas que este tuvo para con la compañera Noelia Barbeito en plena campaña electoral en un importante canal televisivo.

No se trata de fallas o responsabilidades de tipo individual, como pretenden presentar. Se trata de la orientación que le imprimen Levrino y Munives. Deben renunciar porque son los responsables políticos directos de esta muerte. Su permanencia en las jefaturas es un atentado contra el #NiUnMenos.

La investigación

La investigación comenzó como dijimos anteriormente por presión de la familia y vecinos. La fiscal que tomó el caso, Claudia Ríos, es una de las tres fiscales de delitos especiales, es decir que de entrada el procurador entendió que se trataba de un caso de alta implicancia política y corrió del medio al fiscal que corresponde a la zona. Desde ese mismo momento comenzó un manoseo de la causa, de familia y los más importante un direccionamiento de la opinión publica en torno al caso.

La prensa fue difundiendo versiones, que lógicamente eran alimentadas desde miembros de la justicia y policía de forma extraoficial en su mayoría. La familia se enteraba por los medios de la aparición de manchas de sangre, de cuchillos y prendas íntimas. Aberrante e indignante.

Por las pruebas e indicios, es clara la responsabilidad de los detenidos, es decir de los responsables materiales del asesinato de Flor. Pero si se analiza más puntillosamente las líneas informativas se puede ver que se fue preparando la opinión sobre cuál era el desenlace. ¿La fiscalía y la cúpula policial tenían información y elementos previamente? ¿Cómo es que se encontraron manchas de sangre en una habitación y una ojota del detenido y ninguna corresponde a Flor? Cabe preguntar ¿de quién es la sangre? Un abusador o cualquier persona ¿conoce a gente que elimine cuerpos? ¿Alguien conoce a personas que se vinculen con personas que eliminen cuerpos?

La opinión pública fue direccionada a responsabilizar a quien es el ejecutor del horror que vivió Flor. Pero este Arancibia ¿es solo un lumpen abusador o estamos en presencia de un reclutador para una red de trata? Los elementos que quedan sueltos son muchos no obstante la justicia y sobre todo el poder político están muy necesitados de cerrar el caso acá.

Justicia para Flor para que sea la última

La masividad que alcanzó este caso obedece a que pone en evidencia una realidad: que las pibas y mujer siguen muriendo y que los millones invertidos en publicidad gubernamental solo son eso, publicidad. Pero más profundamente expresa un agobio popular fruto de las tensiones sociales que significan el desempleo masivo, salarios de miseria, la destrucción del sistema sanitario y educativo. Es inevitable recordar las grandes movilizaciones de masas contra la política, sin grietas del gobernador Rodolfo Suárez y el presidente Alberto Fernández, por establecer la megaminería hace menos de un año.

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La crisis está cayendo sobre las espaldas del pueblo trabajador y ¿encima tenemos que tolerar que nos roben la vida de nuestras pibas? La respuesta popular es clara. Estos elementos no pueden ser ocultados por ningún operativo o incidente.

Luchamos por la perpetua al asesino de flor, pero también vamos a la lucha por los responsables políticos de este crimen, por Kitty, Matías y su familia, por los amigos y vecinos, por todas las pibas. Esta lucha recién comienza.

 

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