La celeridad extrema con la que el gobierno de Rodolfo Suárez colocó en la Suprema Corte de Justicia a la nueva ministra expresa que todos los poderes republicanos del Estado capitalista están al servicio de convertir el Poder Judicial en un brazo ejecutor de las políticas antiobreras y conservadoras del gobierno.

En una misma mañana aprobaron el pliego de la candidata del gobernador María Teresa Day en el Ssenado, con el tradicional método de votación por bolilla secreta, y solo con la presencia mayoritaria del oficialismo radical, para luego trasladarse a la Casa de Gobierno donde los esperaba el séquito de intendentes oficialistas para el nombramiento y jura de la nueva ministra de la Suprema Corte.

Todo el proceso de designación generó polémica y repudio entre las organizaciones de mujeres por su falta de perspectiva de género, por organismos de derechos humanos por su marcado punitivismo, por falta de requisitos constitucionales, nosotros la cuestionamos principalmente por ser puntal de las políticas antiobreras y represivas del gobierno:

Perspectiva de género ¿en la Corte?

Una parte de las organizaciones del movimiento de mujeres sostiene desde hace años que “una mujer a la Corte” es una campaña que aportaría avances a la lucha feminista, y es compartida por igual entre organizaciones vinculadas al peronismo, filo k y radicales. Pero cuando llegan a ocupar lugares en el poder institucional del sistema capitalista que estructura toda su cultura en la defensa de la propiedad privada y de las relaciones sociales de explotación, los límites de esta campaña saltan a la vista.

Por ejemplo desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación hasta la Secretaría de Género y Diversidad de la Provincia no dan respuestas materiales concretas a las infinidades de problemáticas violentas en nuestro país.

El gobernador Suárez argumentó responder a la campaña de una mujer a la Corte colocando a Day, quien a dos días de haber asumido está reafirmando en los medios estar en contra del aborto legal. Son conocidos sus vínculos con el Opus Dei y en el proceso de su nombramiento contó con el apoyo de jueces misóginos, cuestionados por desconocer en condenas penales la figura de femicidio. Ahora cuenta con el apoyo del ministro de la SCJ Mario Adaro (pejotista) para ser designada presidenta de la Corte.

En el polémico proceso de su nombramiento, la exacerbación biologicista y oportunista de la campaña “una mujer a la corte” se potenció cuando la secretaria de Género y Diversidad de la provincia, Silvina Anfuso, tildó de misógino el pronunciamiento público del Ni Una Menos Mendoza contra María Teresa Day por carecer la misma de perspectiva de género.

Pero, ¿qué puede favorecer una mujer con perspectiva de género en la Corte de un Poder Judicial que aplica en cada sentencia un Código Civíl, Penal y de Familia basados en la propiedad privada, en la sociedad de clases y los principios liberales, cuestionados con mayor conflictividad social en todo el mundo?

Por otro lado, y sabiendo que hablamos de ocupar espacios de género en espacios machistas por excelencia histórica, ¿una vez llegadas ahí, quién controla qué es la perspectiva de género? ¿Es un problema de cantidad de ministras con perspectiva de género para garantizar avances en nuestra lucha?

El movimiento de mujeres y diversidad bajo pandemia está en un relativo momento de confinamiento obligatorio por las circunstancias obvias de prevención, pero no es para todas por igual debido a las diferencias clasistas insoportables que vivimos. En el 3J un bloque político de izquierda del movimiento de mujeres lo expresó en las calles, que es donde creemos que se asienta la fuerza de la lucha por #NiUnaMenos #AbortoLegal más todos los reclamos y no en el oscurantismo reinante de los despachos de la justicia patriarcal. Vamos por un Consejo Autónomo de las Mujeres y Disidencias que apoyado en la fuerza de su lucha callejera y control sobre el Estado responsable gane avances para todo el movimiento de lucha.

Desde el Plenario de Trabajadoras Mendoza repudiamos tanto a la nueva ministra como al mismo Poder Judicial, creemos que es un problema de lucha de clases y control popular directo sobre la casta judicial, los jueces y juezas deben ser electos de manera directa y revocables por el pueblo, deben dar cuenta de sus sentencias y actuar, deben cobrar no como empresarios millonarios sino como la mayoría del pueblo trabajador.