A partir del caso que conmocionó a Guaymallén (el ingreso de un niño de 5 años al hospital Notti con lesiones perianales graves compatibles con el delito de abuso sexual, donde el abuelastro es el principal sospechoso) se difundió por el noticiero de Canal 7 una entrevista realizada al psicólogo y director del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual del Poder Judicial de Mendoza, Franciso Isura, que refleja un informe actualizado de ésta problemática.

Datos alarmantes

En lo que va del 2018 se atienden diariamente en la justicia entre 10 a 18 casos denunciados, sólo en el Gran Mendoza (Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz).

Francisco Isura, encargado de este equipo desde setiembre de 2017,  explica que hasta finalizar el año se recibían entre 10 y 12 turnos por día de menores de edad y mayores abusados, de los cuales aproximadamente 10 son menores de entre 3 a 14/16 años, y  2 mayores de los 18 años en adelante. En el año 2011, los casos denunciados y atendidos diariamente, eran de 2 a 4.

Según explica Isura, el ámbito familiar es en un 90% el lugar de origen del delito y, dentro de una diversidad de casos, la mayoría son abusos cometidos por padres o padrastros sobre hijas, mientras que un 30% es de padres sobre hijos varones. El experto alerta sobre los casos de nuevos victimarios de 16 años sobre chicos de entre 10 y 12 años, que suelen darse por fuera de la familia.

En abril de 2016 a raíz del brutal crimen de Trinidad (7) de Maipú, violada, asesinada y  calcinada por un grupo de hermanos vecinos de la zona, salió a la luz la estadística de un incremento del 80% de denuncias de abuso sexual en la provincia en cinco años.

De estos datos, se desprenden dos hipótesis que no son excluyentes entre sí: el crecimiento de la denuncia (similar es lo que ocurre en casos de violencia de género) y el crecimiento del abuso sexual.

La responsabilidad clerical y estatal, en la tierra del Próvolo

En cuanto a los motivos de esta situación, Isura rechaza una correlación entre este delito y las situaciones de hacinamiento o pobreza y señala que ocurre en distintas clases sociales, sin embargo, no aparecen estadísticas segmentadas al respecto.

El experto señala el rol fundamental de la madre, como negadora de la situación y a veces facilitadora del delito. Para sortear esto, según el encargado del Departamento de Abordaje de Abuso sexual, se necesita un “soporte comunitario de profesionales en ámbitos de la salud y la educación” que tenga una escucha especializada para detectar los casos, sobre todo en el ámbito escolar. Algo severamente deteriorado, de la mano del derrumbe de la educación y la salud pública, con el consiguiente vaciamiento del personal y de las capacitaciones, que se verá agravado de aquí a futuro con los recortes que se están produciendo en estas áreas.  Lo que no destaca el titular del área, es que las madres también resultan ser las primeras denunciantes y que muchísimas veces el poder judicial desconoce estas denuncias. Sucede algo parecido con las denuncias por violencia de género.

En la entrevista, quedó ausente uno de los casos más emblemáticos de abusos sexual infantil, el caso del Instituto Próvolo, una institución dependiente de la Iglesia Católica y sostenida por el gobierno provincial, que ejercía abusos sistemáticos sobre niños hipoacúsicos allí institucionalizados.

Por estas horas, los terrenos de esa verdadera casa del horror, está siendo rastrillado con geo radares,  para encontrar huesos, fetos y otros subproductos  enterrados, que fueron denunciados por las víctimas, menores hipoacúsicas, como una forma más de ocultar las violaciones que llevaban adelante los curas y el personal del “hogar”.

Esto es un detalle no menor, porque la propuesta preventiva que da el agente judicial de “soporte comunitario profesional de escucha especializada” que hoy existe es  tercerizado en buena medida en la Iglesia, una institución que ha hecho del encubrimiento del abuso infantil una institución, con tribunales clericales a la medida de los abusadores y que goza en buena medida con el beneficio de la impunidad del poder judicial secular.

No a la demagogia punitivista

Hace un año el Congreso votó un Registro de Delitos Sexuales, tomando como base el que existe en la provincia de Mendoza, que  refuerza el carácter punitivista del Estado,  no aporta nada a la prevención y alienta la acción individual revanchista, sin darle una salida real a familiares, docentes, profesionales de la salud, para proteger a la infancia del abuso sexual y otros vejámenes de estas características. El registro de carácter público, de acceso con el sólo pedido, no pasa de una invitación al linchamiento, que los partidos de Estado han aprobado para hacer demagogia y de cuyas consecuencias deberán hacerse responsables.

Los abusos sexuales son la expresión más brutal de la descomposición de las relaciones humanas y son la expresión de la barbarie a la que asistimos bajo un régimen de opresión. En la lucha por la transformación de esta sociedad que impulsamos las socialistas, necesitamos discutir con profundidad las medidas transicionales para paliar esta realidad, empezando por la defensa de una salida económica y habitacional para las mujeres y los niños víctimas de violencia, el aumento del personal y la infraestructura escolar y de salud para darle una respuesta inmediata a las víctimas, el fin de la tercerización de la educación y la asistencia en una institución atravesada por abusadores como lo es la Iglesia Católica, la separación de la Iglesia del Estado, y la puesta en pie de una campaña nacional de educación sexual científica y laica que de herramientas para la defensa de la integridad sexual.

El 8M organicemos un  Paro contundente por estas y todas nuestras demandas.