Después de diez mesas de trabajo y 150 exposiciones, el día 27 de abril concluyó el Parlamento Abierto sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal del Congreso del Estado mexicano de Puebla. Allí se debatió la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el Estado, donde solo está permitido bajo las causales de violación, malformación congénita o peligro de la persona gestante.

Sin embargo, las organizaciones feministas denuncian que no existe voluntad política real para dar un avance sobre el tema y así garantizar una ampliación de derechos.

La propuesta de debate en el Parlamento Abierto fue una victoria de diferentes organizaciones de mujeres, luego de que en noviembre del año pasado llevaran adelante una histórica toma pacífica del edificio del Congreso, exigiendo a los legisladores que se trate el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y dejen de cajonearlo.

Para calmar las aguas, luego de un mes de toma, desde la junta del Gobierno y Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso accedieron al debate mediante una firma de acuerdos y compromisos con diferentes organizaciones feministas, donde se incluyó la realización de un parlamento abierto que a la vez sirviera de antesala a la discusión plenaria de las iniciativas para despenalizar el aborto.

Los acuerdos de diciembre fueron firmados por distintos diputados que ahora estarían de licencia porque se perfilan a buscar otros cargos de cara a las elecciones, incumpliendo los acuerdos prometidos.

Las maniobras dilatorias vienen desde el 2019, cuando se presentó la primera iniciativa y desde el Parlamento se negaron al debate, justificando que primero debían debatirlo con expertos. Eso jamás sucedió y utilizaron el contexto de pandemia para retrasar más el tema.

Se trata de una reivindicación urgente, ya que las restricciones fruto de la pandemia dificultaron que las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo pudieran viajar a la Ciudad de México, donde la práctica es legal desde 2006, quedando condenadas la clandestinidad. Actualmente, según el articulo 342 del Código Penal de Puebla, el aborto autoinducido se castiga con un año de cárcel y con tres años para el personal de salud que lo practique.

Nuevamente, los partidos políticos del régimen priorizaron las alianzas que mantienen con el clero, en detrimento de la salud y la autonomía de las mujeres. Capítulo a parte merece el partido al cual pertenece el presidente Manuel López Obrador, Morena, el cual es primera minoría en el Parlamento de Puebla y le dio la espalda a este derecho. Esto va en sintonía con la política que lleva adelante AMLO a nivel nacional, donde se niega a impulsar el aborto legal, y, además, reprime constantemente a las mujeres que se organizan por sus reclamos, como ocurrió el pasado 8 de marzo.

La profundización de la lucha callejera será decisiva para ganar esta batalla. Aborto legal ya. Separación de las iglesias del Estado.

 

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