El martes 11 de febrero, el fiscal general mexicano Alejandro Gertz Manero defendió en una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, que el nuevo Código Penal que se está elaborando en México, que aplicaría a la totalidad de los Estados del país, elimine la figura del feminicidio, hoy presente en el Código Federal y en 19 de los 32 Códigos Penales de jurisdicción local, y reemplazarla por “homicidio contra una mujer”, incluyendo en el mismo todos los asesinatos de mujeres.

Gertz Manero, hombre de décadas asociado a cargos en el Estado y promovido al cargo en la fiscalía por Andrés Manuel López Obrador, argumentó que es una cuestión de “lógica elemental” porque hay un alto aumento de los feminicidios (del 137% en los últimos 8 años) en comparación con el aumento de los homicidios (35%). Por ello, propone que el asesinato de mujeres por su condición de tales sea tipificado como homicidio agravado o doloroso lo que “simplificaría su investigación”, normalmente trabadas o desviadas en la policía y la Justicia.

La propuesta de eliminación de la figura legal que devela los crímenes de mujeres por razones de género y pone en evidencia la forma más brutal de violencia y opresión de género y la responsabilidad estatal ante los mismos sucede en momentos en que el movimiento de mujeres mexicano protagoniza una nueva oleada de luchas y, en particular, la misma semana que el brutal femicidio de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, ha generado una enorme convulsión popular y se han convocado a movilizaciones al Palacio Nacional para reclamar justicia, junto con movilizaciones que se repetirán en todo el país para el viernes 14 y sábado 15, que prometen ser masivas. También habrá movilizaciones a las puertas de las empresas de medios de comunicación en repudio a haber difundido las imágenes del cuerpo destrozado de la víctima, filtradas por la policía.

En ese contexto, la consideración de la Fiscalía General de la República fue ampliamente rechazada por las organizaciones del movimiento de mujeres y echó lecha en la crisis de los sectores de este movimiento con el gobierno de López Obrador que había generado en un sector del movimiento importantes expectativas con la incorporación de referentes feministas en su gabinete. Legisladoras de Morena, el partido de López Obrador, también rechazaron la eliminación de la figura de feminicidio. Pero no pudieron contener la crisis, que se agudizó cuando López Obrador respondió ofuscado y se quejó de la “insistencia” al ser consultado por el tema en un acto oficial (que quería centrar en el sorteo del avión presidencial como símbolo contra corrupción del gobierno de Peña Nieto).

En 2019, en México se realizaron 976 denuncias por feminicidio y se calcula que hubo 1006 feminicidios. El 70%, son crímenes contra mujeres entre 20 y 35 años. La figura del feminicidio, incorporada a la legislación mexicana en el año 2007 y tipificada en el artículo 325 del Código Penal en 2012, es producto de un proceso de lucha que modificó la figura del femicidio (considerada mundialmente a partir de la década de 1970 como la muerte de mujeres producto de la violencia de género) e incorporó con el nuevo término la responsabilidad del Estado, producto de la impunidad reinante ante los cientos de desapariciones y crímenes de mujeres y niñas, en Ciudad Juárez especialmente. En 2009, el Estado de México fue condenado por no garantizar los derechos humanos de tres mujeres asesinadas. La figura legal del feminicidio expresa políticamente la obligación impuesta por la lucha de reconocer de la responsabilidad estatal en la violencia de género.

El Gobierno de López Obrador no ha satisfecho ni una sola de las demandas del movimiento de mujeres, que ha mostrado su hartazgo. Referentes de ONGs denuncian que por parte del Gobierno primaron las alianzas con la Iglesia evangelista, que no hay presupuesto para asistencia a las víctimas, no hay diálogo con las organizaciones civiles y sociales y que desde el poder se produce y ampara la violenta reacción política contra las manifestaciones de mujeres, todo frente a una situación de extrema gravedad. A su vez, reclaman al Gobierno por no crear los juzgados contra la violencia de género prometidos ni promover medidas que busquen combatir la violencia de género. Organizaciones de lucha de mujeres reclaman en todo el territorio mexicano por el aborto legal y acusan al Estado de ser el promotor y el responsable de la violencia, como expresaron en las calles con el movimiento #NoNosCuidanNosViolan. El proyecto de reforma del Código Penal que promueve el Gobierno, que ha sido criticada por incorporar elementos punitivistas como la “sospecha de responsabilidad”, no contempla la legalización del aborto para todo el territorio mexicano ni otros delitos como los crímenes de odio o la eutanasia, que quedarían dependientes de las leyes locales.

El movimiento de mujeres mexicano atraviesa una experiencia con el Gobierno de López Obrador del que hay que sacar valiosas conclusiones para México y para la ola verde en todo el continente: la movilización independiente y el terreno de la lucha son el camino que debemos defender para conseguir nuestras demandas.