Mujer

5/7/2020

Mia Khalifa y una fuerte denuncia a la industria pornográfica

Relató abusos que sufrió en las filmaciones y sesiones fotográficas y reclama nuevamente que bajen sus videos de canales.

Durante la última semana miles se pronunciaron en redes y canales de comunicación para que se levanten los videos en los que participó Mia Khalifa, ex actriz porno y ‘girl cam’, de sitios pornográficos, que después de seis años  siguen comercializando sus videos, sin su consentimiento y sin poseer los nombres de dominio sobre los mismos.


La campaña, que contiene más de 1 millón 500 mil firmas, surgió a partir de la denuncia de Khalifa por la red social Twitter el pasado domingo, quien expresó que luego de reiterados pedidos para que bajaran de canales porno los videos en los que ella participó en 2014, siguen promocionándolos. Poniendo en riesgo su integridad psicológica e incluso física, ya que en varios de esos videos viste un hiyab (velo que usan las mujeres musulmanas), lo que ha provocado que reciba amenazas de muerte del Estado Islámico.


Por otro lado, relató abusos que sufrió por parte de Bang Bros, compañía estadounidense y monopolio de este género en la web. No solo la habrían engañado para realizar fotos (supuestamente para la revista Vogue), sino que quien se las tomó habría sido abusivo con ella al momento de realizarlas.


La industria de la misoginia y la explotación sexual


Índices recientes recogidos en el Informe:la verdadera teoría del porno, de la web de la Asamblea Abolicionista de Madrid, arrojan que la industria del sexo, que envuelve al proxenetismo y a las compañías pornográficas, factura alrededor de 7.000 millones de dólares anuales solo en Estados Unidos (aunque ese número se duplica en los datos del FBI). Se trataría de la “tercera economía del mundo, únicamente superada por la de las armas y el tráfico de drogas”.


La demanda de pornografía es tal que la mayor página de alojamiento de videos y fotografías de ésta índole es más grande que las de Dropbox, CNN y New York Times juntas. La industria pornográfica es actualmente una generadora de ganancias exponenciales para sus empresarios a costa de la explotación sexual de miles de personas, principalmente niños y mujeres.


El contenido sumamente misógino y machista que usualmente reproduce es el espejo de un sistema que promociona el sometimiento y la opresión en su forma más cruda.


Las páginas como “PornHub” o “XNXX” pueden ofrecer en su contenido desde violaciones hasta pedofilia, como así también escenas donde sobre todo la mujer es puesta en un lugar de degradación o sometimiento constante. Sin embargo en el caso de BangBros, principal “distribuidora” de contenido, con más de 38 sitios web de esta índole, el único conflicto legal que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos fue en el 2005, por no aclarar en un mail a clientes que se trataba de contenido pornográfico.


Luego de que se viralice el reclamo para que bajen los videos, la empresa pornográfica se defendió acusando por difamaciones a Khalifa y llamando a presentar el reclamo en los tribunales. No es una novedad que se respalden en la propia justicia, que no solo avala la industria con todo lo que implica actualmente, sino que los ampara mediante la ley, ya que quienes realizan acuerdos con estas productoras generalmente son obligados a firmar contratos abusivos para lucrar con los derechos de rescisión, en el caso de que les actrices decidan abandonar “la productora”.


La denuncia de Khalifa por el abuso sufrido cuando realizaba una sesión de fotos, es moneda corriente en los “rodajes porno”. Numerosas actrices en numerosos testimonios han denunciado abusos, violaciones y ser obligadas a realizar actos sexuales que no estaban pautadas de antemano. Paige Jennins cuenta en primera persona en Youtube cómo se fuerza a les actrices a aceptar escenas que no quieren rodar, de las que les falta información o que consideran incómodas y/o degradantes, bajo la amenaza de no cobrar lo pactado. Al mismo respecto se expresaba en un tuit la actriz Dana Armond, a raíz del escándalo por el caso Nikki Benz en el 2016: “Brazzers posee toda la industria pornográfica. Las mujeres no tienen más opción que aceptar el abuso o dejar de alimentar a sus familias.”


En el 2019 la guía de la industria sexual de los Estados Unidos, Xbiz, presentó una exhibición en la cual uno de los lemas era la defensa de la libertad de expresión, vinculando a esta con la libre compra-venta y producción de pornografía. Este lema, que bien podría vincularse con sectores que intervienen en el movimiento de mujeres argentino, representa un claro intento de maquillar como “libertad cultural” el sometimiento y explotación a las mujeres y disidencias en pos de un gigantesco negociado.


Una de las “ramas” de este negocio es la pornografía infantil, la cual se incrementó un 50% durante la cuarentena, acorde a un registro de las búsquedas de usuarios en la Deep Web (Crónica Global, 8/4). En la Argentina, se estima que al 2018 este negocio facturaba alrededor de 250 millones de pesos anuales. El rol cómplice del gobierno fue poco disimulable: la Cámara de Diputados ese año votó una ley en la que extendió dos meses la pena mínima e incorporó la figura de la portación de imágenes como penalizable, pero que no decía ni una palabra sobre proceder a un desmantelamiento de las redes de producción de material pornográfico y explotación sexual infantil, o del seguimiento de la ruta del dinero que genera el mismo, de la confiscación de bienes, el desmantelamiento de los circuitos (hoteles, clubes, casas privadas) donde se explota sexualmente a menores, entre otras “omisiones”.


Casos como el de Khalifa dan cuenta del sometimiento que sufren quienes tienen la necesidad de vender contenido a canales pornográficos, como así también el rol del Estado de los distintos países de mantener un velo de impunidad sobre este negocio. Es necesaria la organización independiente de las mujeres y disidencias, para erradicar este negociado que somete a les prostituyentes, reproduce estereotipos sexuales sumamente misóginos, y las prácticas más aberrantes como la pedofilia o violación.


Por la Educación Sexual Integral, laica y científica, en todos los niveles, para garantizar una real libertad sexual.


Por el desmantelamiento de los canales pornográficos denunciados por actrices, y por el desmantelamiento de las redes de trata.