Ayer, jueves 23 de septiembre finalizó el juicio oral y público contra Leopoldo Borovsky quien asesinó a la joven estudiante Fiorella Aghem cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de marzo del 2019 en San Vicente. Borovsky fue condenado a perpetua bajo los cargos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.

Familiares remarcan la responsabilidad policial

En los testimonios de la madre y el padre de Fiorella quedan expuestas las responsabilidades del Estado: denuncias desestimadas en la comisaría de la mujer en San Vicente, y el accionar del personal policial que se negó a tomarle la denuncia solo dejando asentada una exposición.

El primer día de la desaparición de la estudiante, su madre volvió a la comisaría para radicar su búsqueda, pero nuevamente la jefa policial de turno negó tomarla ya que había que esperar entre 24 y 48 horas. Otro botón de muestra de maltrato fue por parte del juez Casco quien con total prepotencia le dice a la familia que si no tenían pruebas en tres días lo largaban a Borovsky.

El viernes 1 de marzo después de cometer el asesinato, Borosvky viajaba al Brasil a un encuentro de Jeep. En el lugar se encontraba el exintendente Valdir Dos Santos -en ese entonces aun cumpliendo su función como intendente-, y ofrece albergue en un hotel junto a un grupo de sanvicentinos que también se encontraban en el lugar. Mientras su pueblo estaba en vilo por la desaparición de Fiorella -en el juicio quedó claro que del otro lado de la frontera estaban esperando para detenerlo a Borovsky- el intendente totalmente desentendido y preocupado por la desaparición de esta joven y de lo que estaba pasando en dicha ciudad, termina brindándole una habitación de un hotel en Brasil al propio femicida.

Práctica común de desinterés y complicidad de las autoridades del Estado

Esta práctica de entrega en bandeja a las víctimas en mano de sus femicidas es común en la provincia de Misiones. Otro caso que podemos traer a colación es el femicidio de Cecilia Krujowski en el 2018, residente de Aristóbulo Del Valle quien fue a realizar una denuncia por las amenazas de su ex en el Juzgado: el hombre ya había sido detenido meses antes por tentativa de homicidio y fue liberado días antes de cometer este aberrante femicidio en plena vía pública y a la luz del día, Cecilia solo fue en búsqueda de ayuda y que acepten su denuncia pero como no era el lugar donde ella se había presentado, ninguna autoridad de seguridad fue capaz de acompañar a Cecilia hasta la comisaría. El femicida en ese momento merodeaba por la zona, en ese trayecto que caminaba sola el femicida la envistió por detrás a puñaladas.

El Estado no garantiza una ayuda genuina sino que las someten a la propia violencia

Sin respuestas y el vaciamiento de herramientas y presupuestos para erradicar la violencia de género en nuestra provincia, se agudizó aún más en esta pandemia. Las herramientas que anuncia con bombos y platillos el sector progresista de funcionarias fue el Programa Acompañar dirigido a víctimas de violencia de género y sin que el mismo se hubiera ejecutado hasta ahora, es una ayuda miserable de 16 mil pesos durante 6 meses como si esto permitiera la emancipación económica total del violento, incluso esto discrimina a las mujeres más empobrecidas que solo subsisten con planes sociales. Por ejemplo quienes cobran el “Potenciar Trabajo” no se pueden inscribir.

Aun no hay respuesta a la construcción de más casas refugio, en la provincia solo funcionan dos casas para resguardar a las víctimas y a sus hijos, lugares manejados por entes clericales y policial. En la mayoría de los municipios están presente estas secretarías de la mujer que son totalmente fantasmas maquilladas por el misionerismo y funcionarias del progresismo local que no salen al campo del núcleo barrial donde se encuentran la mayor cantidad de denuncias y casos de violencia de género.

Estos crímenes se materializan luego de cantidad de denuncias por parte de las víctimas, denuncias en comisarías, fiscalías, juzgados donde están muy lejos de garantizar seguridad y contención a las denunciantes. El Estado las revictimiza al dejarlas en total desamparo y con el violento libre.

El 23 de septiembre por el femicidio de Fiorella Aghem se hizo justicia pero a costa de un asesinato que se pudo haber evitado si las autoridades judiciales y policiales hubiesen actuado como correspondía.

Llamamos a organizarnos independiente contra todo tipo de violencia por un trabajo genuino para poder emanciparnos del violento, por un plan de construcción de Casas Refugio manejado por las trabajadoras en planta permanente, por un Consejo Autónomo de Mujeres.