Eliana Copola, de 22 años, falleció en la madrugada del domingo a consecuencia de una infección generalizada tras practicarse un aborto clandestino. La joven vivía en Empalme Graneros, al norte de Rosario, y tenía dos hijos.

La mujer llegó a la maternidad Martín en un cuadro grave y fue derivada al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez,  cursaba un embarazo de 19 semanas. Según informa la prensa, entre las 20.50 y las 23 horas le practicaron un legrado y fue atendida con antibióticos. A las 4 de la mañana murió por una sepsis fulminante.

Este femicidio se produjo en una ciudad gobernada por el Partido Socialista, que dice ser pionero en atención de abortos no punibles. Algunas estimaciones señalan que esta muerte por aborto inseguro es la primera desde el 2012, dato poco fiable dada la clandestinidad de la práctica y de noticias recientes de un feto encontrado en un container y de otro flotando en el río.

La contradicción entre un gobierno que dice atender los abortos no punibles y está realidad, se explica por un cuadro social más general de miseria, con una exponencial desocupación juvenil femenina en las barriadas periféricas. A esto se suma la crisis habitacional y el hacinamiento en villas y asentamientos, el vaciamiento de la salud y la educación. Un estado social ‘abortista’ que constriñe a las mujeres más explotadas a una vida muy alejada de la interrupción voluntaria del embarazo.

Es manifiesto que no existe ninguna campaña del PS ni del Frente Progresista para publicitar los canales reales para acceder a la atención de los abortos legales, que son desconocidos por la inmensa mayoría de la población. Esto, mientras abunda la propaganda de tipo electoral al respecto de las bondades de las políticas género del socialismo reformista.

Junto con esto, se perpetua el terrorismo ideológico y la persecución de médicos y pacientes de la mano de la Iglesia católica y evangelista, que continúan dominando buena parte de los servicios médicos de distintos hospitales de la provincia, con impunidad para salir a amedrentar a las mujeres que reclaman los ANP y a las organizaciones que luchan por el aborto legal, como sucede en San Lorenzo, en las cercanías de Rosario. A 11 años del crimen de Ana María Acevedo, todo el equipo ginecológico del Hospital Iturraspe, donde dejaron morir a la joven empleada doméstica, sigue siendo objetor de conciencia.

No  hay atajos, necesitamos el aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos que el gobierno de Santa Fe ponga al servicio de la población toda la información relativa al acceso a los abortos que ya son legales, menos demagogia y más información de los servicios y profesionales que luchan por garantizar este derecho

Ni una Menos. Basta de mujeres muertas por aborto clandestino. Justicia por Eliana.