El cura de Malargüe, Jorge “Pato” Gómez, miembro de la secta religiosa conocida como “El Verbo Encarnado”, volvió a poner de manifiesto la ligazón del oscurantismo clerical con la vida estatal en el sur mendocino.

 

Durante el acto oficial del día de la independencia, donde estaba presente el intendente del departamento, el cura en su homilía arremetió contra el taller de salud sexual y reproductiva que la semana pasada desenvolvió el Ministerio de Salud para los jóvenes.

 

Caracterizó como una “ofensa a Dios” que los jóvenes practicaran con un pene de madera la colocación de un preservativo, para continuar convocando a “levantarse en armas para defender a nuestras familias de la educación sexual”.

 

No es la primera vez que protagoniza un ataque reaccionario y conservador. En 2011, censuró físicamente una presentación del grupo coral Les Luthiers, en el festival del chivo, interrumpiendo el acto donde se interpretaba a un monje padeciendo la castidad y adjudicando a ello su oposición a la educación sexual. El cura Gómez subió al escenario, tomó el micrófono y reafirmando que todos son católicos y que ofendían su castidad, exigió que cambiaran de número, lo que los artistas obedecieron.

 

Otra caracterización propia es que “la violación de la fe es 10.000 veces peor que violar a una hija”. Y, consultado por una radio sanrafaelina sobre casos de abusos cometidos por curas, sostuvo que “el sacerdote que incurre en una o más violaciones no debe ser juzgado por la ley de los hombres sino ser juzgado por la Iglesia, y ser puesto en penitencia” (El Sol, 9/7).

 

Esto es una declaración de un potencial encubridor y cómplice de delito sexual, exigimos que el Poder Judicial tome medidas y separe a éste personaje nefasto del contacto con menores de edad y adolescentes.

 

Exigimos que se pronuncie la Ministra de Salud de la provincia, Claudia Najul, actual candidata de Cambiemos. Que explique su posición respecto de la educación sexual, la injerencia clerical, y el cumplimiento del aborto no punible y del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo.

 

Separación de la Iglesia del Estado

 

La Iglesia jugó en la historia de las transiciones de los regímenes de opresión un papel fundamental para controlar la reproducción sexual, impulsando persecuciones políticas y el exterminio de los herejes, de las brujas, de los sodomitas, de las parteras, criminalizando el aborto y los métodos anticonceptivos.

 

Todos los gobiernos en nuestro país han elaborado los contenidos de educación sexual con la Iglesia Católica. En el ámbito de la salud, existen los Comités de Bioética, compuestos por referentes de esta religión para impedir el aborto no punible, imponer la continuidad de los embarazos producto de violaciones en niñas menores de edad, en honor a la creación divina.

 

Ahora, el gobierno de Macri busca ampliar los beneficios impositivos y legales de la Iglesia Católica al resto de los cultos, con la llamada ley de “libertad religiosa”, institucionalizando la objeción de conciencia, eximiciones impositivas, blindaje patrimonial. También les permitirá eludir la ley cuando en el ejercicio de sus funciones ministeriales tomen conocimientos de hechos delictivos –ya sabemos que el ultramontano Gómez se postula como encubridor.

 

El llamado clerical a levantarse en armas en defensa de la familia patriarcal y contra la educación sexual es una respuesta de sectores de la Iglesia Católica ante la masiva adhesión que logra la lucha contra la violencia sobre las mujeres y el avance en los reclamos propios.

 

Las mujeres tenemos que levantarnos también con nuestras propias armas: la organización colectiva, independiente del Estado y la Iglesia, reforzando la movilización callejera y política para conquistar la separación de la Iglesia del Estado, la educación sexual laica para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir.