En marzo de 2016 presentamos, junto a familiares y el Plenario de Trabajadoras, un proyecto de ley por la constitución de Centros integrales y Casas Refugio para las mujeres víctimas de violencia.

 

Recientemente logramos, por fin, que la Comisión de Desarrollo Humano y Social lo ponga en debate, junto a otros dos que se agregaron. Uno de ellos, presentado por el MPN.

 

Nuestra iniciativa plantea la creación de CIM (Centros Integrales de la Mujer) en toda la provincia, con atención gratuita. Líneas telefónicas de emergencia las 24 horas, todos los días del año. Equipos interdisciplinarios: abogados, trabajadores sociales, psicólogos, personal administrativo. Plantel estable, planta permanente de ingreso por concurso. La asistencia Integral y orientación a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos/as o personas a cargo, un subsidio económico en los casos que no cuente con trabajo en blanco y estable. Capacitación laboral y educativa. Incorporación laboral. Orientación y acompañamiento legal y jurídico. Seguimiento psicológico y emocional. Y la creación de casas refugio transitorias en los casos de emergencia y derivaciones.

 

Nuestro proyecto establece que el presupuesto debe ser integralmente estatal y la creación de una Comisión de Control y seguimiento, integrada por familiares y organizaciones de mujeres que son parte activa y constante de las movilizaciones por sus derechos.

 

El proyecto del oficialismo, en cambio, deja abierta la puerta a la utilización de una situación de vulnerabilidad e indefensión de las víctimas como mano de obra barata. Porque con el pretexto de la capacitación laboral y la generación de oportunidades laborales apela a la llamada “responsabilidad social empresaria”, un artilugio para evadir impuestos, deducir gastos y otros beneficios de los que se valen mineras, petroleras y todo bicho capitalista que utiliza para beneficio propio los males que genera. Propone un registro de empresas para el financiamiento del “programa”, para pago de bienes, servicios, equipamiento, subsidios, etc. Es decir un programa cuasi privado. Algo que ya viene ocurriendo en Neuquén, dado que de la Ley 2785 de erradicación de todo tipo de violencia hacia la mujer, votada en 2011, quedaron sin reglamentar los artículos referidos al presupuesto.

 

Según el registro de La Casa del Encuentro, en los últimos nueve años se registraron sólo en la provincia de Neuquén 40 femicidios, que como consecuencia dejaron huérfanos a más de 60 niños, niñas y jóvenes. Noemí Maliqueo, María Silvana Barrios, Mariana Mercado, Sandra Merino, Laura Painefilú, Fernanda Pereyra, engrosan las listas de nombres y rostros que recorren las calles en toda la provincia.

 

El femicidio de Fernanda Pereyra puso sobre la mesa un caso que expone crudamente las responsabilidades del Estado y generó una movilización que se replicó en varias localidades. Otro dato indica que se reciben 28 denuncias diarias de violencia hacia las mujeres y la movilización crece.

 

El nuevo gobernador, Omar Gutiérrez, creó una Subsecretaría de la Mujer que no puede rendir cuentas de una sola acción concreta de protección a las mujeres -mucho menos de que las haya empoderado.

 

El debate continúa y estamos reuniendo pronunciamientos de adhesión a nuestro proyecto y desarrollando charlas para reforzar una iniciativa de las mujeres trabajadoras. Nuestra lucha política, se impulsa en las movilizaciones masivas de mujeres, para que la ley que estamos a punto de conquistar, sea la expresión del terreno ganado en las calles.