El lunes 7 de junio se realizó la presentación del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género en la Legislatura provincial, reglamentado por la Ley 3.233. Este registro supone para los agresores que figuren en él una serie de restricciones para acceder a candidaturas para cargos electivos, a la magistratura, a empleo público tanto en la administración pública, docencia y policía, licencias comerciales y de conducir, como así también a contratos como proveedor del Estado, e incluso, constituye falta grave para empleados públicos en términos disciplinarios. La inscripción en el registro, como su baja, sólo podría ser dispuesta por orden judicial. Una vez inscripta la persona, si se somete al cumplimiento de las medidas de protección que ha adoptado el magistrado en el caso judicial, podrá ser dado de baja del Registro.

El registro surge de una ley punitivista que perjudica también a las víctimas, ya que la inhabilitación para trabajar en el Estado también extiende la condena a hijos/as/es, quitándoles el acceso al carácter alimentario del salario y a la cuota judicial, e, incluso, impidiéndole poder acceder a un crédito. Es una medida que desalienta a que la mujer denuncie, ya que si lo hace el agresor ingresa en el registro de violentos y puede perder su fuente laboral, y, por lo tanto, dejar de pasar la cuota alimentaria para sus hijos. Esto, además, afecta particularmente a las mujeres con menos ingresos propios y con una mayor dependencia económica de su expareja, quienes pasarían a cargar sobre sus espaldas el sostenimiento material de sus hijos de manera total.

El gobernador Gutiérrez en la Legislatura, fiel a su política, saludó la implementación de este registro expresando su compromiso con la lucha contra la violencia de género. Consiste en una fachada, dado que se trata de una política que no apunta a una real solución. Es que mientras se presenta esta iniciativa como parte de la lucha contra la violencia de género, sigue sin aplicarse la Res. 1.057 que establece la creación de casas refugios con equipos interdisciplinarios, cajoneada hace más de un año y aprobada mucho antes que este registro de violentos. En Neuquén solo hay 4 refugios para albergar a víctimas de violencia, en capital, Cutral Có, Las lajas y San Martín, de los cuales algunos están completamente vaciados, con muy pocas plazas, en un estado de deterioro que los hace inhabitables y no cuentan con edificio propio, profesionales ni recursos humanos para atender y contener a las mujeres. Y seguimos a la espera de la realización de los anunciados hace años en Plottier, Plaza Huincul, Zapala y Chos Malal.

La diputada del Frente de Izquierda Unidad, Patricia Jure, votó en contra de este registro en el 2020, ya que solo tienen para ofrecer medidas punitivas, otorgándole a jueces y fiscales una facultad extraordinaria cuando son estos mismos responsables del cajoneo, demoras y justificaciones de las violencias que sufren las mujeres. Para botón de muestra están los casos de Santiago Terán o Fernando Rivarola, quien declaró que la violación en manada de Chubut había sido un “desahogo sexual”. O la actuación de Roberto Pavón, encubridor del femicidio de Micaela García, y del fiscal Juan Agustín García en el femicidio de Agostina Gisfman, donde justificaron el femicidio con términos impregnados de una misoginia muy arraigada.

Ni el aumento de penas para los femicidas, ni tampoco las capacitaciones en cuestiones de género y violencia en las instituciones estatales, tan pregonadas por las funcionarias feministas, han revertido la opresión y violencia hacia las mujeres. Sabemos que tampoco lo hará un registro de violentos. La Subsecretaría de las Mujeres, al mismo tiempo que hace propaganda de sus gestiones “con perspectiva de género” con capacitaciones, integra un gobierno que hunde en la desocupación y pobreza a miles de mujeres, violenta sus derechos, generando un caldo de cultivo para que aumenten los números de los femicidio.

Por lo tanto, no hay ninguna política sustancial que apunte a prevenir, atender y erradicar la violencia que se vive a diario. Las “declaraciones de este registro” no son más que un instrumento para exculpar al gobierno y al Estado como principales responsables de la violencia. Es un acto de autoencubrimiento de las fuerzas políticas del gobierno -quienes votaron a favor- porque no se elimina ningún mecanismo de revictimización hacia las mujeres a la hora de denunciar. No se lleva a cabo ningún seguimiento del agresor denunciado, ni tampoco de las perimetrales, es decir, no se allana el camino para el acceso a la Justicia por parte de la víctima.

El movimiento de mujeres y diversidades reclama políticas con acciones concretas para ofrecer medidas efectivas a las víctimas de violencia. Es necesario pelear por poner en pie un Consejo Autónomo, independiente de los gobiernos y del Estado, que pueda efectivamente implementar un plan de políticas de asistencia para que realmente podamos salir de las situaciones de violencia de género y luchar contra la violencia que promueven el Estado, las patronales y las iglesias.

 

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