Durante una audiencia realizada el 22 de octubre, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama resolvió que se amplíe la investigación penal sobre el accionar de funcionarios que intervinieron en las distintas instancias judiciales previas al femicidio de Guadalupe Curual, cometido en Villa La Angostura (Neuquén) por su ex pareja, tras sucesivas denuncia de la víctima.

La fiscal del caso, Carolina Mauri, cuando investigó las responsabilidades del aparato judicial, estimó que no existía delito penal ya que el juez acusado, Jorge Videla, “dio cumplimiento a las obligaciones protectorias que la Ley 2.785 le ordenaba cumplir”. Consideró que ni el entonces juez ni el resto de los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso previo al femicidio incurrieron en delitos penales, y aclaró que “no poder establecer la comisión de un delito en el accionar” no implicaba que debieran descartase otro tipo de responsabilidades -administrativas o civiles-, que se resuelven en otros ámbitos judiciales, pero no en el fuero Penal. Por esas razones, la fiscal dispuso desestimar la denuncia contra el juez Videla que actuó con total desidia.

Para la jueza, desde el Juzgado Multifueros ordenaron el inicio inmediato de un espacio terapéutico a Juan Bautista Quintriqueo (el femicida) y que esa orden se reiteró en distintas oportunidades el 1 de febrero, días antes del crimen. En ese contexto, propuso investigar la razón por la que ese tratamiento no se inició, y manifestó que “los episodios de violencia tenían que ver con el cuidado y manutención de la niña”. Pero no es así, en la realidad fueron las denuncias por amenazas con un cuchillo y la no comunicación al Ministerio Público Fiscal de esas situaciones por parte de los organismos que las receptaron.

Junto con ello, las perimetrales no se cumplieron debido a la responsabilidad de la policía y la Justicia que descartaba la situación de peligro que vivía Guadalupe, cuando el juez, con fecha del 12 de febrero, es decir once días antes del femicidio, tenía el informe que indicaba el “alto riesgo” de la situación. Todo lo cual pone de manifiesto el desamparo en el que se encuentran las víctimas tras realizar la denuncia, y que las medidas que se implementan no tienen por finalidad la salida de la situación de violencia, sino todo lo contrario: depositan la responsabilidad en la propia víctima, donde tampoco hay un seguimiento ni dispositivos para abordar a los violentos, sino que al mismo tiempo se desnuda la revictimización y violencia por parte del Poder Judicial contra las víctimas.

Está claro que ni el gobierno nacional, a través del tan publicitado Ministerio de la Mujer, ni los provinciales, ni municipales con las subsecretarías de género, han podido dar respuesta a este problemática de la violencia y los femicidios, por lo que es indispensable poner en marcha un plan integral de protección de las mujeres víctimas de violencia de género, mediante la creación de un Consejo Autónomo, con presupuesto propio, electo por mujeres y con cargos revocables.

Al mismo tiempo que se hace más que necesario terminar con la dispersión de las causas en fueros diferentes y multiplicidad de juzgados para crear un fuero único en materia de violencia de género, sumado a la elección de jueces y fiscales con mandatos revocables.

Frente a esta realidad, desde el Plenario de Trabajadoras entendemos que mujeres y diversidades debemos organizarnos con independencia de los partidos patronales, y de los gobiernos de turno. Tenemos que salir a las calles por la construcción de centros integrales para asistir a las víctimas de violencia de género con funcionamiento de 24 horas los siete días de la semana, brindando asistencia psicológica, legal y económica, con profesionales en planta permanente; y equipos interdisciplinarios para monitorear al agresor; y por un subsidio para las víctimas, no menor a $63.000 hasta que la persona violentada pueda alcanzar su autonomía económica. Basta de miserias.

Hay que preparar una gran jornada el 25 de noviembre, día internacional de acción contra la violencia hacia las mujeres. Hay que salir a las calles.
Basta de violencias y femicidios. El Estado es responsable.

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