El lunes 25 de abril, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, la ministra de las Mujeres y Diversidades, María Eugenia Ferraresso y la Subsecretaria de las Mujeres de la provincia, Patricia Maistegui, presentaron el nuevo informe del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Los datos arrojaron que 10.233 mujeres mayores de 15 años solicitaron asistencia por violencia, realizándose 22.405 intervenciones, donde el 62,56% corresponde a mujeres de entre 20 y 39 años de edad.

También se informó que el 98,83% de las denuncias corresponde a la modalidad de violencia doméstica y comentó que “la situación de violencia en la mujer está vinculada a su dependencia económica y a su falta de autonomía por eso hay que empoderar económicamente a la mujer, y que estos datos les permiten construir políticas de Estado.
Los datos son alarmantes y confirman todas nuestras denuncias. Sin embargo, la realidad demuestra la demagogia del gobierno, ya que los recursos, programas y dispositivos están desmantelados o carecen de un presupuesto acorde a las situaciones de emergencia. Es tal así que las trabajadores/as del Servicio de Prevención de Violencia Familiar (SPVF) se encuentran con medidas de fuerza, ya que deben abandonar su sede el próximo viernes, o deberán aceptar las propuestas “informales”, ofrecidas por la Dirección Provincial, de trabajar en oficinas ubicadas en 2 dispositivos diferentes, para asegurar la guardia mínima y retomar la figura de teletrabajo.

Aseguraron las trabajadoras que “están dividiendo al equipo del SPVF. Además, perpetuará los parches y el hacinamiento de los trabajadores de este Ministerio, quedando de manifiesto que la confidencialidad, privacidad y la seguridad de las personas que asisten a este servicio no está garantizada. “En estos años de pandemia nunca obtuvimos una remuneración económica por el servicio. Tampoco hemos percibido económicamente el ítem por Actividad Crítica”, denunciaron las compañeras.

Asimismo, el gobernador destacó que quieren que haya más casas integrales para propiciar derechos y generar igualdad para que las mujeres pierdan el temor de hacer la denuncia, como estrategia de “contención”. Se realiza este anuncio, pero nunca se ejecutó la resolución 1057 impulsada por nuestra compañera Patricia Jure, la cual fue aprobada en la Legislatura sobre la creación de casas integrales en toda la provincia. Además, nunca se avanzó en la construcción de hogares de protección en Plottier, Plaza Huincul, Villa Pehuenia, Zapala y Neuquén para ponerlos en funcionamiento.

El gobierno utiliza talleres y encuentros de formación intensiva en género y prevención en violencia contra las mujeres “como parte de su lucha contra la violencia”. Así lo hace la secretaria de las mujeres y diversidades a cargo de la ministra María Eugenia Ferrareso, como referente del gobierno del MPN con la burocracia sindical de ATE a cargo de Quintriqueo, donde el entrelazamiento es mucho más profundo, por eso no llama la atención que firmen un convenio de capacitación según Ley Micaela mientras las estatales cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza, mantienen los negocios de las tercerizadas con contratos precarizados y condiciones de trabajo totalmente flexibilizados. Mientras el gobierno persigue a las luchadoras elefantas de salud con causas penales por luchar por el salario, la dirección de ATE deja la “zona liberada” para que los sumarios de otra “mujer” funcionaria, la ministra de Salud Andrea Peve sigan su curso. Ninguna de estas situaciones figura en las estadísticas gubernamentales porque son pura y exclusiva responsabilidad del Estado. De más está decir que la verdadera cara de gobiernos ajustadores como el MPN es esta.

La lucha por terminar con la violencia hacia las mujeres, reclama la organización y movilización independiente por centros integrales de la mujer, trabajo genuino, solución habitacional para mujeres que sufren violencia de género y consejo autónomo de la mujer trabajadora.