En pocos días han ocurrido en la provincia del Neuquén sendos hechos que han expuesto hasta el hueso que la política de género con la cual el gobierno hace gárgaras, en realidad es un taparrabos para esconder la más brutal política misógina desde los funcionarios del Estado.
Y cuando se menciona al Estado, no se trata de una mención genérica, sino muy concretamente de la actuación mancomunada de distintos ministerios y organismos.

Es conocido ya el caso del arrebato de un niño a su madre desde el interior de un Jardín de Infantes, con intervención de policías armados, para entregárselo a un alto funcionario del gobierno. Más recientemente, la noticia es que dos empleadas de Corfone S.A. (una sociedad estatal) que denunciaron acoso laboral por parte del jefe de dicho organismo, terminaron siendo despedidas.

Tras meses de tramitar por la vía judicial su caso, finalmente se falló a favor de las trabajadoras y se ordenó reincorporarlas y que se les paguen los salarios adeudados. Aún con la gravedad que reviste este atropello misógino oficial, hay un aspecto que agrava el comportamiento del Estado.

El ministerio de “las Mujeres”

En el reordenamiento ministerial que realizó el gobernador Rolando Figueroa cuando asumió, a través de la ley Nº 3.420 (promulgada el 11/12/2023), se creó el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, designando como ministra a Julieta Corroza, una de sus más estrechas colaboradoras, y actual candidata a senadora por el partido oficial.
Entre las funciones de dicho ministerio, como su nombre lo indica, están las de implementar las políticas sobre deporte, cultura, inclusión, discapacidad, relaciones con municipios, género.
En la larga lista de temas que le corresponden según la ley referida, en ninguno de ellos figura “forestación y reforestación, el manejo, mejoramiento y explotación de los bosques naturales, la promoción forestal y el asesoramiento técnico en la materia”. Sin embargo, entre los organismos estatales que dependen de esta ministra, se encuentra Corfone S.A., que es la institución cuyas funciones sí están ligadas a lo forestal. No hay mucha lógica en que una tarea ligada a la producción forestal y sus derivados, dependa de un ministerio que, según la ley, tiene competencia para otras áreas. Pero allí está Corfone S.A. dependiendo del mismísimo ministerio de “las Mujeres”.

De allí la gravedad de los abusos cometidas contra estas dos empleadas de Corfone S.A. y que ello no haya merecido una defensa irrestricta de las mismas por parte del Ministerio, a partir de las denuncias. Máxime cuando la ministra y ahora candidata a senadora, difunde su “sensibilidad” de género para la tribuna. Desde el despido hasta el fallo judicial que las reinstala laboralmente, ha pasado un año nada menos. Y durante todo ese tiempo la ministra jamás manifestó públicamente preocuparse por el tema. A pesar que apenas asumida la ministra visitó las instalaciones de Corfone S.A. en la localidad de Las Ovejas, donde se produjeron los abusos. Es decir, el lugar de trabajo de las obreras, estaba en el radar de la ministra. El presidente de Corfone S.A. es Jorge Lara, un sobischista de la primera hora, y funcionario histórico del MPN.

Corfone S.A. y los fondos públicos

La empresa estatal, una sociedad anónima, recibe por decreto varios aportes de capitalización de parte del Estado. El año pasado recibió en este concepto a través de los decretos Nº 1.074, 1.234, 1.344 y 1.577 un monto total de $ 5.327 millones. Y en el año en curso, por los decretos Nº 362, 605 y 759 lleva acumulados $ 4.668,5 millones en concepto de capitalización. Como se puede apreciar, no es un organismo cuya vida y acciones estén fuera de la consideración oficial. Esto vale, ya que las trabajadoras denunciaron al área de Recursos Humanos al acosador. Pero como toda respuesta fueron despedidas. En su fallo, el juez considera que Corfone S.A. “se limitó a justificar los despidos en infracciones nimias”, lo cual “robustece la conclusión de que la decisión extintiva fue discriminatoria y por ende, nula”. (LMN, 3/9).

Es imposible que estos despidos no hayan llegado a consideración de la ministra de “las Mujeres”. Y que una causa judicial de “género” en un organismo que depende de su ministerio le sea desconocida. Por lo que su silencio público es una muestra que la impunidad de los misóginos es una conducta de Estado.

Algo más dice el fallo

El fallo judicial va un poco más allá de reinstalar en sus puestos de trabajo a estas dos empleadas del aserradero de Las Ovejas. También ”declaró la inconstitucionalidad del artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, incorporado por la Ley de Bases, al entender que vulnera el principio de igualdad y busca excluir la aplicación de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios a los trabajadores” (diario Río Negro, 3/9), lo cual constituye para la provincia toda una novedad, que bien puede sentar jurisprudencia para casos similares. Es que la modificación introducida por la Ley de Bases, aunque aumenta la indemnización por despido discriminatorio, en su párrafo “in fine” establece que el mismo “producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos”. Es decir, habilita, a cambio de unas chirolas más, el despido por causas discriminatorias de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad. Es decir, una masacre social a manos de las patronales.

En cambio, la ley reivindicada por el juez, establece que quien ejecute un acto discriminatorio por las causales mencionadas más arriba “será obligado a dejar sin efecto el acto discriminatorio”. En este caso, a dejar sin efecto el despido, además de “reparar el daño moral y material ocasionado”. De allí la trascendencia de este caso, donde el gobierno provincial de Neuquén, muestra una vez más que la misoginia es parte de su política de Estado.
Y un bochorno para la ministra en licencia y actual candidata a senadora por el oficialismo.

El Consejo Autónomo de Mujeres, electo por las propias mujeres, es una medida elemental para poner freno a la responsabilidad estatal en la protección de los funcionarios que ejercen violencia de género.