La Legislatura de Neuquén aprobó, el pasado miércoles 29, el proyecto de resolución por el cual se establece la “habilitación urgente de Casas Refugio para dar alojamiento a las mujeres y sus hijes víctimas de violencia”. La iniciativa fue planteada por la diputada del PO-FIT, Patricia Jure.

El proyecto contempla el “acondicionamiento de casas particulares, clubes u hoteles, según protocolos de salud para el Covid-19” a fin de que cumplan con las normas sanitarias correspondientes. La experiencia de las mujeres que han transitado en algún momento por estos lugares de asistencia es la queja por la situación de hacinamiento en la que deben convivir. Agrega la necesidad de que haya “equipos interdisciplinarios en forma permanente y en condiciones de planta bajo los CCT respectivos” dado que las trabajadoras que atienden las líneas gratuitas y las que trabajan en la asistencia social de los organismos estatales padecen la violencia de la precarización y flexibilización laboral del propio Estado.

La escalada de violencia hacia las mujeres en la cuarentena estalla en las estadísticas. Cada 25 horas una mujer es asesinada por su pareja o expareja y estamos llegando al centenar de femicidios en lo que va del año. El domicilio termina siendo el lugar más inseguro y riesgoso para nosotras. Por esta razón el proyecto busca paliar esta situación desesperante de no tener adonde ir.

Sin embargo, el Estado sigue descargando la responsabilidad en las victimas. Tanto el ministro Corradi Diez (Ministerio de Ciudadania) como su coequiper Patricia Maistegui (subsecretaria de las Mujeres) dicen que “la estrategia del ministerio es intensificar el trabajo que se viene realizando desde hace más de tres años con la línea provincial 148” (Mejor Informado 2/04/20).

De esa manera pretende quedar impune ante el peor desenlace. Es archisabido que el encierro domiciliario con su agresor limita las posibilidades que la mujer pueda denunciar. Si lo hace, lo siguiente es saber adónde seguirá viviendo, adonde irá. Este proyecto pretende poder darle la posibilidad a la mujer víctima de violencia de tener una certeza: un lugar adonde dirigirse y pueda ser acompañada en la decisión transicional de poder organizar su vida de otra manera. Un resguardo para sus hijes.

Para llevar adelante esta propuesta, debemos empezar por arrancarle al gobierno el presupuesto necesario para las condiciones que queremos imponer. Como señalamos en los fundamentos del proyecto, el Programa 71, cuyo objetivo es brindar apoyo y contención psicosocial a personas víctimas de violencia familiar y al abordaje de las situaciones según la especificidad de cada caso, tiene previstos solo $569 por persona por mes: un presupuesto miserable para la costosa realidad que imprime la violencia en el cuerpo de las mujeres.

Con esta victoria, que en definitiva es la expresión de la enorme lucha que libra el movimiento de mujeres, es necesario reforzar una campaña para lograr su aplicación efectiva. No podemos dejar en manos de los primeros responsables de la violencia hacia las mujeres las garantías de que esta resolución se lleve efectivamente adelante.

El Plenario de Trabajadoras, como parte de esa enorme marea verde, se pone a trabajar para lograrlo.

Ni Una Menos. El Estado es Responsable.

Aumento del presupuesto para atención de víctimas de violencia.