En el Diario Tribuno de la fecha, una joven de Tartagal denuncia que llegó al Hospital Perón con un caso de hemorragia agudo y no recibió atención médica, porque el profesional de guardia, prejuiciosamente, consideró que la misma había sido causada por un aborto. Claramente el médico de turno Patricio Parra se atribuyó el derecho inexistente de anteponer sus prejuicios y objeciones religiosas sobre una paciente que necesitaba ser asistida con urgencia, poniendo en peligro su vida y por tal motivo reclamamos que sea removido a un servicio en el que no pueda poner en peligro la vida de ninguna otra persona.

Sin embargo la responsabilidad sobre este accionar y la habilitación política para que el médico se adjudique semejante atribución deben ser asignadas a los funcionarios políticos responsables de la institución, que son quienes designan a las direcciones de las áreas hospital, imponen su orientación política y habilitan en el campo laboral acciones ilegales como esta práctica de abandono de persona en la que incurrió el médico en cuestión.

Las guardias de los hospitales son servicios centrales, sobre todo en esta zona de la provincia en la que este hospital abastece a una población de 250 mil personas sin otras alternativas. La población de la zona es rehén de este hospital y de las decisiones que sus autoridades políticas toman a la hora del trato que se le da a esa población y de las prácticas médicas que se llevan adelante. Fue este hospital bajo la dirección del médico José Fernández, designado por Urtubey en su momento, el que maltrató, discriminó y se negó a practicarle un aborto a una niña wichi, “Juana”, quien quedó embarazada como fruto de una violación en manada. 

Desde el Partido Obrero y la organización de mujeres que represento, el Plenario de Trabajadoras, reclamamos a la ministra de Salud que se tomen medidas inmediatas para que esto no vuelva a ocurrir. El Estado es responsable de garantizar la atención inmediata y por lo tanto poner a disposición de la paciente el personal competente. La objeción de conciencia de ninguna manera debe eximir al Estado de garantizar el derecho a la salud de mujeres y niñas. El derecho a la salud es universal y tiene prioridad antes que cualquier persecución penal, tal como lo acreditan fallos en todo el país, incluso en la propia Salta.

Este episodio, bastante frecuente en los hospitales del país, muestra la naturalización de un comportamiento que excede a la realización de la práctica de la interrupción del embarazo, como en este caso en que la objeción no explicitada, se plantea ante la simple suposición.

Este grado de impunidad sólo puede existir porque el Estado lo acepta y promueve. En este caso se pone en evidencia también el desfinanciamiento del hospital público, en beneficio de la salud privada, a través de la designación escasa de personal en servicios centrales como la guardia de un hospital polivalente. Que la ministra de Salud designada por Sáenz provenga de la salud privada y, peor aún, de grupos empresariales ligados a la obstaculización de la práctica del aborto, de la fertilización asistida y de otras prácticas relacionadas con el control de la función reproductiva, no augura cambios con relación a lo vivido bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey que actuó en firme alianza con la poderosa Iglesia católica local.

El desfinanciamiento hospitalario en favor del negocio privado de la salud y la orientación clerical que defienden los funcionarios políticos promueve la designación de personal objetor o fanáticos religiosos que no tienen reemplazos y de esta forma la institución incumple con su responsabilidad de atención a una población totalmente vulnerable. Este es un mecanismo de entera responsabilidad política del ministerio de salud de Urtubey y lo será, como auguran las declaraciones continuistas del nuevo director del Hospital, el anestesista Juan Ramón López, en la etapa próxima.

Denunciamos que Sáenz no quiere adherir al nuevo protocolo ILE, poniéndose en los hechos por fuera de la ley y en rebeldía con la exigencia de garantizar una práctica legal desde 1921, copiando en esto también a su predecesor Juan Manuel Urtubey. El hospital Papa Francisco, que atiende a la barriada más numerosa de Salta, tiene a todo su personal objetor y ante situaciones como la ocurrida en Tartagal deriva a la paciente al Materno Infantil, sumándole sobredemanda a la que ya tiene.

Un sector del kirchnerismo ha armado la expectativa de que este año se sancionaría la ley de aborto legal. En un sistema de salud en donde se permiten estas discrecionalidades, en donde la injerencia de la iglesia es tan brutal, las mujeres deberemos seguir luchando por su plena aplicación.

Exigimos que la Provincia de Salta adhiera inmediatamente al Protocolo ILE 2019. Que se termine con toda forma de violencia en los hospitales públicos, comenzando por garantizar en forma irrestricta el acceso a la Salud Publica de toda la población. Que la ministra imparta una orden ministerial a cada director de hospital para que garanticen todas las prácticas legales de baja complejidad en todos los hospitales, incluida la del aborto legal de acuerdo al Código Penal de 1921 y al fallo FAL de la Corte Suprema. Que sea removido el medico de su cargo y trasladado a otra área en la que no tenga ninguna posibilidad de poner en riesgo la vida de personas por anteponer sus prejuicios y superstición religiosa.