El 11 de marzo se presentó una denuncia penal contra los médicos que asistieron a “Lucía”, la niña de 11 años embarazada producto de la violación de la pareja de su abuela, luego de la tortura a la que fue sometida por el sistema de salud durante dos meses. Óscar Gijena y Cecilia Ousset son acusados por "Homicidio – Desobediencia Judicial- Incumplimiento de Funcionario Público", que contempla la pena de prisión perpetua. La denuncia es encabezada por un grupo de representantes de la Iglesia (María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Colombres, Jorge Javier Ramacciotti, Constanza del Carril, Raúl Alfredo Lezana, Angella Lorna Cittini y Ricardo Miguel Auad), de la “Red Federal de Familias”, bajo la representación legal del abogado Salvador María del Carril, conocidos ya por su intervención antiderechos.

Cuando ingresó al hospital Eva Perón, la niña había solicitado que se cumpliera su derecho al aborto no punible, como prevén los incisos correspondientes al Artículo 86 del Código Penal. Su derecho no se cumplió y las autoridades del Hospital y del sistema provincial de salud (SiProSa), durante más de un mes recurrieron a dilaciones y aprietes a la familia para forzarla a parir. Intervino también la fiscal encargada de la investigacion penal contra el abusador, Adriana Giannoni, con una orden para impedir la ILE.

Tras varias semanas de tortura, y luego que la jueza del Juzgado en Familia y Sucesiones de la V° Nominación planteara que la ILE no es asunto judicializable y ordenara que se garantice la ILE, se terminó realizando una cesárea a la niña, previa medicalización para garantizar que “se salvaran las dos vidas”.

Los instrumentadores y médicos del Hospital se declararon objetores de conciencia y actuaron dos médicos externos, el obstetra Gijena y la doctora Ousset que actuó como instrumentadora. Ambos  relataron que –además de la tortura psicológica y la ilegalidad de vetar el aborto no punible a la niña de 11 años– por su contextura física pequeña el embarazo ponía en serio riesgo su salud física.

En la denuncia, consta información confidencial de la historia clínica de la niña, a la que solo pudieron acceder con complicidad institucional. No se trata, por lo tanto, de una acción aislada de sectores antiderechos sino propiciada por las autoridades de Salud y del propio gobierno provincial.

La denuncia a Gijena y Ousset tiene el propósito de amedrentar a los profesionales que sean convocados a realizar las prácticas de abortos no punibles y a todos aquellos que se comprometan con los derechos de las niñas y mujeres, para avanzar con la política de bloqueo a los abortos que ya son legales. En declaraciones televisivas, Gijena explicó: la denuncia es para “generar un amedrentamiento en la comunidad médica para que nadie más se atreva a hacerlo”. Y, en ese sentido, Ousset agregó: “No me preocupa lo que pase con nosotros, porque hicimos lo que la Justicia ordenó, lo más preocupante es lo que pase con las niñas que vendrán ya que es un claro mensaje para los médicos de ahora en adelante”.

En esta línea se inscribe también el despido a una compañera, Fernanda Fernández, de la Comisión Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Ministerio de Desarrollo Social por sus denuncias al gobierno provincial.

Los que deben responder penalmente son el gobernador Manzur,  la ministra de Salud de la provincia, Roxana Chalha y el secretario Gustavo Vigliocco que incumplieron sus funciones de garantizar el acceso a la salud de la niña de 11 años y sus derechos.

La respuesta frente a este cuadro de ataque, para derrotarlos y lograr que la denuncia caiga y que efectivamente se vayan Chahla y Vigliocco, tiene que ser la movilización masiva como ya lo demostramos este 8 de marzo, donde miles de miles volvimos a ganar las calles. Abajo el régimen de tortura y menosprecio contra la vida las mujeres.