Luego de un juicio abreviado, Eliseo Víctor Amaya, pareja de la abuela de Lucía, fue condenado a 18 años de prisión. El mismo había abusado de la niña, producto de lo cual quedó embarazada. 

Lucía fue víctima de todo tipo de violencias por parte del estado tucumano. El sistema de salud se encargó de obstaculizar su derecho de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, mientras garantizaban la presencia de grupos religiosos hostigando sistemáticamente a la niña y su madre, incluso denunciaron que un cura estuvo en su habitación a diario tratando de convencerla de no “asesinar a su bebé”.

Finalmente, médicos ajenos a ese hospital, Cecilia Ousset y José Gijena, accedieron a realizar la intervención. Debido a esto, fueron denunciados penalmente por la fiscal Adriana Giannoni, la cual está a un paso de percibir una verdadera jubilación de privilegio, ya que Manzur aceptó su renuncia condicionada.

Pese a la actuación relativamente rápida de la justicia, aún queda sentar en el banquillo de acusados a todos aquellos responsables políticos y materiales de las torturas posteriores a la violación a las que fue sometida Lucía, desde la ministra de Salud provincial, Rossana Chahla, Gustavo Vigliocco (frente al SIPROSA en ese momento), directivos del hospital y antiderechos, hasta la fiscal Giannoni. Mientras, la justicia por Lucía nos queda corta. Redoblemos la lucha con este objetivo.