La semana pasada se inició nuevamente el juicio por el femicidio de la joven Anahí Benítez, que había sido suspendido por el comienzo del aislamiento social y preventivo obligatorio a fines de marzo, y en el día de ayer tuvieron lugar los alegatos de la querella, la fiscalía y la defensa. Ya antes de esta suspensión, este proceso arrojaba la certeza de que el juicio -lejos de servir para lograr justicia- se encaminaba a garantizar la impunidad para los responsables del crimen de Anahí. El miércoles 27 está previsto el dictado de la sentencia.

El 24 de febrero se informó que Marcelo Villalba -uno de los imputados- no podía seguir participando del proceso judicial, ya que se le había diagnosticado “psicosis con delirios místicos”, por lo que era “incapaz” de atravesar el juicio. No es menor esa decisión: los estudios que se realizaron en el cuerpo de Anahí determinaron que había sido abusada antes de ser asfixiada, y los restos encontrados eran de Villalba. Además, él tenía el celular de la menor en sus manos y fue por ello que lo encontraron. Con la decisión de dejarlo afuera del juicio se le garantiza la impunidad al principal acusado del caso, cuya responsabilidad en los hechos está más que acreditada. A Villalba se lo vincula con el narcotráfico y con el negocio del delito organizado, lo que no deja de hacer ruido a la hora de considerar todas las irregularidades constatadas en el proceso de la investigación, gran parte de ellas protagonizadas por las fuerzas policiales de la zona, implicada en todo tipo de hechos delictivos.

La madre de Anahí también destaca estas irregularidades cuando señala que “Si todas las fuerzas de seguridad no pudieron encontrar a una nena desaparecida por seis días a unas cuadras de su casa no sirven para nada. Pero hay cosas muy raras. La lógica indica que la Policía sabe más o está metida. Es probable que esté vinculado con el negocio de las drogas” (Infobae 17/5).

Lomas de Zamora: tierra de narcos y zonas liberadas

Los vínculos entre el crimen organizado, la policía y funcionarios públicos, en el distrito de Martin Insaurralde, han salido a la luz reiteradas veces. Un año antes del crimen de Anahí se había desbaratado un prostíbulo en pleno centro lomense, donde testigos afirmaron ver a personal de las fuerzas de seguridad. Por su parte, la cúpula policial de Lomas -responsable de la investigación que dio los elementos para la instrucción del caso- caería cuatro meses después del femicidio de Anahí, implicada en una causa que investigaba una red de trata que operaba en prostíbulos del municipio. Del comisario inspector Damián Lozano, jefe distrital de Lomas de Zamora Norte que renunció entonces, dependían las comisarías de Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Centenario Y la 9ª de Parque Barón, lugar este último donde vivía Anahí y también Villalba (Página12 1/19).

Por otra parte, la acusación sobre el otro imputado, Marcos Bazán, ha levantado distintas hipótesis: mientras la fiscalía y la querella señalan que existen pruebas del vínculo entre Bazán y Villalba en la consumación del crimen y exigen una condena por privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género y, como partícipe necesario de abuso sexual agravado por acceso carnal; desde la defensa, acompañados por algunas organizaciones y agrupaciones, manifiestan que no existen pruebas que acrediten la responsabilidad de Bazán, que gran parte de lo obrado ha sido manipulado en el proceso de la investigación y que se busca crear un chivo expiatorio. La ausencia y silencio de Villalba, pieza fundamental del femicidio de Anahí, no colabora en esclarecer este escenario.

Ya durante los cinco días de búsqueda de Anahí -antes de que fuera encontrada el 4 de agosto semienterrada en la Reserva de Santa Catalina- vimos este accionar en marcha. La investigación se centró en hurgar en el entorno de la víctima en lugar de buscar los posibles culpables de su desaparición. Fue así que difundieron en los medios un falso rumor de una supuesta relación que Anahí tenía con un docente, y también atacaron a sus compañeros y a su familia por denunciar la falta de respuestas. Mientras tanto, Anahí estaba viva, esperando que la encuentren. Pero el Estado dedicaba sus esfuerzos en culparla a ella misma por su desaparición y hostigar a su entorno. Esa lógica, cuyo objetivo es desviar la mirada de los verdaderos responsables que actuaron así impunemente, se repitió en la investigación de los hechos y se repite ahora en el transcurrir del juicio al dejar a Villalba -único acusado sobre el cual hay pruebas concretas de su participación en el crimen- afuera del proceso, y sin determinar bajo qué condiciones será, algún día, efectivamente juzgado y condenado.

No es la primera vez que vemos actuar a la justicia protegiendo a violadores o femicidas, que a su vez tienen vínculos con la policía a través de zonas liberadas para el narcotráfico o la prostitución. Un año después del crimen de Anahí, en octubre de 2018 el movimiento de mujeres reacciono con un paro nacional frente a otro femicidio brutal como lo fue el de Lucia Pérez, violada y asesinada con la participación de varias personas. La sentencia en este caso fue brutal: solo condenaron a los responsables por un delito menor (venta de drogas a una menor de edad) y sentenciaron que Lucia había muerto de sobredosis y que las relaciones sexuales que habría tenido antes de su muerte fueron consentidas. Un fallo judicial aberrante que solo buscaba aleccionar y castigar a las mujeres.

Desde el Partido Obrero, el Plenario de Trabajadoras y la UJS planteamos que para que haya verdadera justicia para Anahí toda la verdad debe salir a luz. Debemos saber cómo es que Villalba llegó a Anahí, cómo entra Bazán (si es que entra) en la historia, qué hay detrás de estos hechos que han tornado todo el proceso tan escandaloso. Estas y otras respuestas solo pueden obtenerse clarificando todos los elementos volcados en este juicio. Necesitamos una comisión investigadora independiente compuesta por profesionales, organismos de derechos humanos, organizaciones de mujeres, familiares y amigos que evalúe si es necesaria una nueva investigación, si es posible recuperar pruebas o producir otras pericias y, a su vez, exponer toda la trama delictiva que se oculta tras el telón de los acontecimientos (policía, funcionarios, narcotráfico). Solo así podrá valorarse la pertinencia de lo actuado y la necesidad o no de un nuevo juicio

Con respecto a Marcelo Villalba, exigimos que se arbitren los medios para realizar nuevas pericias psiquiátricas, con distintos profesionales, que permitan evaluar la situación psicológica del mismo y sus posibilidades reales de enfrentar un nuevo juicio. Hay además funcionarios estatales y policiales que deben responder por la acción encubridora que llevaron adelante en este caso. Para todos ellos debe haber juicio y castigo. Solo así podremos decir que hay justicia para Anahí Benítez.