Hace unas semanas se conoció el caso de Rocío, una joven del partido de Merlo (Buenos Aires) quien denunció que sufrió no solamente violencia obstétrica al momento de dirigirse hacia la guardia del Hospital Materno Infantil Pedro Chutro, sino que también fue víctima de mala praxis y ahora le niegan su historia clínica. Pero por sobre todo denuncia la persecución por parte del personal jerárquico del hospital.

A Rocio le practicaron una cesárea en pésimas condiciones, sin un familiar que pueda acompañarla y con una dosis de anestesia bajísima, lo que le provocó que durante toda la intervención sienta un gran dolor, y también una vez nacido su bebé y dados de alta. A los pocos días debió volver a la guardia por fuertes dolores y sospecha de infección, momento en que se negaron a atenderla.

Rocio estaba sufriendo una perforación intestinal a raíz de una gasa que habían dejado olvidada dentro de ella, cuando le realizaron la cesárea.

Lamentablemente esto no es la primera vez que sucede, son cientos las denuncias que recibe el hospital materno infantil por casos similares que hasta en algunos cuestan la vida de quienes van a parir y sus bebés.

Esto sucede porque desde el municipio de Merlo tapan cada caso a través de amenazas, coimas y aprietes, porque son ellos mismos los responsables de no ejercer el derecho a los partos respetados y contención, porque las condiciones de salud vienen con un ajuste que va creciendo: la falta de presupuesto es la razón de las pésimas condiciones en las que nos someten a parir. Así como  la falta de capacitación tanto para profesionales como para las familias que están sometidas a la precarización del sistema de salud, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos.

Vamos por una real implementación de la ley de parto respetado en todas los hospitales y maternidades. Ante las sucesivas denuncias por parte de pacientes en el hospital, el movimiento de mujeres debe tomar en sus manos los reclamos.

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