El cura Carlos José Esper fue denunciado por dos de sus víctimas, quienes habrían sufrido de abuso sexual reiterado desde sus primeros años de escolaridad. El acusado estuvo a cargo de la institución parroquial San José Obrero –ubicada en la localidad de Caseros– desde 1994 hasta 2002, encargado de la celebración de misas y coordinación de grupos de catecismo que acompañaron y acompañan la educación católica de la institución escolar del mismo nombre. El cura Esper fue trasladado en 2002 a una parroquia cabecera del obispado de San Martin: la parroquia De la Merced. 

 

En su periodo a cargo de la parroquia San José Obrero estalló un caso de pedofilia que incriminaba a un trabajador de mantenimiento de la misma. Dicho trabajador fue protegido por la Iglesia y desplazado a tareas donde estuviera menos "expuesto" en el sector relacionado a la ONG Caritas, que operaba dentro de la escuela. 

 

Esta perversa lógica de encubrimientos sería repetida años después con el sacerdote acusado. Las víctimas del párroco, tras años de trabajos de terapia, lograron juntar el valor necesario para denunciar al victimario. Pero el siguiente paso tampoco sería sencillo. 

 

Las jóvenes intentaron, en una primera instancia, hacerlo por las vías eclesiásticas en 2009. Elevaron una denuncia diócesis de San Martín, que se mantuvo en silencio. Lejos de hacerse cargo del hecho  y apoyar a las víctimas, el obispado decidió pasar por alto las instancias penales correspondientes. En su lugar, se aplicó la punición del "derecho canónico", caracterizado por el encubrimiento y traslado de los implicados en abusos sexuales, evitando asi las condenas penales. El operativo de encubrimiento queda claro tras la actitud que tuvo el vicario general del obispado Eduardo González en una reunión con las víctimas. El mismo les aconsejó "no divulgar el asunto" con el argumento de que la gente diría: "Con estas putitas también… ¿que querés?", haciéndose eco de la criminalización de las víctimas del abuso. El cura les recomendó encomendarse a Dios, ya que "Su gracia" iba a sanarlas. Al ver que la situación prometía ser explosiva cuando las víctimas manifestaron que harían públicos los acontecimientos, el obispado decidió aplicarle una "cautelar" al incriminado: tal medida consiste en ocultar a Carlos José Esper junto con otros curas para que "reflexione" sobre lo sucedido. Defraudadas por la institución, las víctimas llevaron esta denuncia al plano penal y la causa se encuentra radicada en la fiscalía de San Martín.

 

Este caso se suma a los abusos en el Instituo Provolo, a los de los sacerdotes Torino y Parma de Salta, a los abusos del cura Grassi en la Fundación Felices Los Niños y a cientos de casos más alrededor del mundo.

 

La lógica es perversa. Pedofilia y encubrimiento son sinónimos de iglesia católica. Queda más clara que nunca la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, el rechazo a que el Estado otorgue asistencialismo a través de esta institución, la defensa de la educación laica y que la justicia actúe en todos estos aberrantes casos y castigue a los culpables.