En el mes de agosto del año pasado sucedió un caso grave de violencia obstétrica y mala praxis en el Hospital Samic de Oberá, que derivó en lesiones cervicales, de tendones y clavícula de un bebé que actualmente está con tratamiento médico. A partir de allí, por medio de periodistas locales en las redes sociales, se viralizaron decenas de testimonios sobre diversos tipos de malos tratos hacia las mujeres durante el trabajo de parto, en ese mismo centro de salud.

Para salir del apuro, el director del nosocomio anunció la creación de un “observatorio contra la violencia obstétrica”. Como bien sabemos, ningún “observatorio de género” ha servido para revertir ninguna de las violencias que sufren las mujeres. Por lo tanto, se trata de una maniobra dilatoria que no se propone erradicar la violencia obstétrica que se ejerce en el área maternoinfantil, y muchos menos, pretende garantizar el cumplimiento de la Ley 25.929 de parto respetado. Además, con este anuncio pretende omitir que él es el principal responsable de las denuncias que viene recibiendo el hospital que dirige.

El anuncio no logró tapar la gravedad del asunto, ya que al poco tiempo, se hizo pública la denuncia de una mujer que acusó a la institución de haber provocado la muerte de su bebé, al dejarlo sin oxígeno durante el parto. A partir de este caso de mala praxis, fueron separados de sus sus puestos la obstetra y el médico a cargo del área maternoinfantil.

La violencia obstétrica no es un fenómeno separado de la degradación que vive la salud pública; viene de la mano de la precarización laboral, las sobrecargas de jornada laboral, las condiciones edilicias en términos de lugares de descanso y de atención a las personas. Las direcciones de los hospitales y el Estado son responsables de generar un terreno propicio para que proliferen prácticas deshumanizantes en el ámbito de la salud, como lo es el ejercicio de la violencia obstétrica; y al mismo tiempo, son quienes no garantizan que el personal reciba la capacitación profesional adecuada y gratuita para hacer cumplir todos los aspectos que integra un parto respetado. Incluso, la esfera de la salud pública cuenta con una escasa presencia de duolas y puericultoras, quienes ejercen su tarea sumidas en la precariedad laboral.

Las condiciones en la que se encuentra la zona de maternidad del hospital Samic son un caldo de cultivo para el ejercicio de la violencia obstétrica: atiende prácticamente todos los partos de la zona centro de la provincia y cuenta con una sola sala de parto, las guardias son con personal reducido, las enfermeras no se profesionalizan en el área, sino que rotan con otras zonas del hospital. A eso se le suma que no hay privacidad para que las mujeres que lo necesitan puedan hacer su trabajo de parto tranquilas y a su ritmo, y que en el momento del parto puedan efectivamente recibir a su bebé en brazos. El área de maternidad se vuelve una “factoría de bebés” donde con suerte hay lugar para el trato humano respetuoso y sobre todo el acceso a la información clara y científica.

Ante toda la situación descrita, el problema evidentemente no se soluciona la instrumentación de un observatorio. La violencia que sufrimos las mujeres se da en todos los ámbitos de nuestra vida y la sexualidad y momento del parto no es la excepción; todo lo contrario, allí la mujer se encuentra en un estado de profunda vulnerabilidad, y frente a esto, muchos profesionales tienden a subestimar a las pacientes en esa situación, reduciéndolas a objetos, incurriendo a tratos deshumanizados, patologizando y sobremedicando, o simplemente no brindándole a la persona que va a parir la información adecuada. Esto va acompañado del derrumbe sanitario impuesto por el ajuste de todos los gobiernos, afectando particularmente a las mujeres de la clase trabajadora.

Reclamamos que las maternidades de la salud pública cuenten con profesionales de la salud con exclusividad en el área; la incorporación de duolas y puericultoras en planta que acompañen a las maternidades que lo necesiten y requieran; la puesta en pie de cursos gratuitos permanentes de preparto y posparto en todos los caps de la provincia. Por una salud pública de calidad. Basta de violencia obstétrica. Qué se cumpla la ley. El Estado es responsable.

 

https://prensaobrera.com/sociedad/informe-especial-peligra-la-provision-de-alimento-a-los-comedores-populares/

https://prensaobrera.com/educacion/educacion-y-segunda-ola/