El viernes 13, La Nación publicó una nota que delata un guiño político del gobierno hacia el clero, a partir del debate en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de “Libertad religiosa”, que tiene a la objeción de conciencia como un eje ordenador. 

No es casual que esto suceda en simultáneo al desarrollo de las audiencias en el Congreso Nacional en torno al proyecto de ley de legalización del aborto en nuestro país. 

Este proyecto de ley fue presentado el año pasado. Sostiene, entre otras cosas, el estatus de persona jurídica pública de la Iglesia Católica (que fuera sancionado en 2014, con la modificación del Código Civil y Comercial bajo el gobierno de CFK) y hace concesiones de este tenor al resto de las confesiones religiosas. Reconoce a los cultos el derecho a tener hospitales, cementerios, medios de comunicación y, por supuesto, instituciones educativas (manteniendo los subsidios a las mismas). A su vez, se continuará sosteniendo económicamente los enormes sueldos eclesiásticos. Otro aspecto de este proyecto es que crea la figura de “delitos contra la libertad religiosa y de conciencia”, como podría ser una lucha para que se aplique el protocolo de abortos no punibles. El gobierno pretende instaurar por ley la “objeción de conciencia” como un ariete contra el derecho al aborto legal. 

“Objeción de conciencia”

Este apartado apunta a sostener el bloqueo del acceso a los abortos no punibles en los hospitales públicos en la actualidad y a abrir un canal de negociación con las iglesias de cara a la discusión del derecho a la interrupción legal del embarazo. La nota de La Nación da cuenta del gran obstáculo que representa esta figura para el acceso a los abortos legales, ya que “los porcentajes de objetores en cada servicio varían según el centro de salud y no hay un estimativo oficial sobre las instituciones donde hay mayores dificultades para llevar a cabo las interrupciones legales de los embarazos (…) hay instituciones donde la totalidad de los especialistas en ginecología y obstetricia se niegan a realizar abortos”. Incluso un intendente bonaerense, de identidad reservada, admitió que “uno de los principales problemas en la maternidad de su localidad es que la totalidad de sus médicos se niega a interrumpir embarazos” (La Nación, 10/4).

Frente a todo esto, vale aclarar que la objeción de conciencia lejos está de reconocer el derecho del trabajador o la trabajadora de la salud a actuar según sus convicciones. Por el contrario, es utilizado por los jefes de servicio como un ariete contra los profesionales favorables al derecho a decidir, como un arma de apriete y represalias. Un caso emblemático es el del hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde casi la totalidad del servicio de tocoginecología se declaró objetor, bajo la presión de su director, el doctor Roberto Vitaloni, quien define a los objetores como “defensores de la vida”. En países como España y Portugal, en donde el aborto es legal, la objeción de conciencia se aplica en los hospitales del Estado, pero no en la medicina privada. 

El punto central es que la “objeción” garantiza el no cumplimiento de la Ley. Lejos de ser una decisión personal del trabajador/a de la salud, es el compromiso que las direcciones de los hospitales tienen con sectores del gobierno y la Iglesia lo que impide garantizar un derecho conquistado. La objeción de conciencia es un acto de desobediencia individual al mandato de una ley. Su introducción en el ámbito de la salud por medio de una ley o de cualquier otra reglamentación tiene el indisimulable objetivo de otorgar un salvoconducto a los grupos oscurantistas.

No a la objeción de conciencia en el ámbito de la salud

Este proyecto será debatido en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, presidida por Cornelia Schmidt Liermann del bloque Cambiemos, y constituye toda una señal del oficialismo a Bergoglio, en medio de una serie de acercamientos del gobierno con el Vaticano a partir del lanzamiento del debate sobre el aborto legal, incluido el pedido de disculpas del Papa sobre "posibles ofensas". Será utilizado como prenda de negociación la vida de las mujeres, forzadas a someterse al aborto clandestino. 

Queda claro, entonces, que la conquista del derecho al aborto legal y su efectiva reglamentación será fruto de una lucha independiente, que tiene que apuntar a la separación de la Iglesia del Estado. 

El movimiento de mujeres debe pronunciarse en contra de este proyecto y denunciar todas las maniobras políticas de los bloques patronales.