El miércoles pasado, se desarrolló en la explanada del Centro Judicial de Santa Rosa un escrache a la justicia ante la fuga del empresario Eduardo “Chino” Ros, que fue condenado a ocho años de prisión por un abuso sexual ocurrido en 2012.

Ante este hecho, los familiares han exigido a la justicia que se garantice la seguridad psicofísica de las víctimas y familiares que fueron querellantes. Ros fue condenado recién cinco años después del abuso y no llegó a pasar un solo día en prisión.

En un comunicado, los Familiares de las Víctimas de Eduardo Ros denunciaron “el fuerte sesgo machista y clasista de la justicia y policía de La Pampa. Ros no pasó un solo día en prisión porque era un hombre empresario de la noche (…) los delitos contra la integridad sexual cometidos por personas con poder, como es el caso de Ros y su familia, se tratan con distinta vara en la Justicia y Policía provinciales, que otros casos donde están involucradas personas de sectores vulnerables o marginales” (La Arena, 19/1).

El Plenario de Trabajadoras participó del escrache a la justicia porque consideramos que es necesario visibilizar esta denuncia. Denunciamos a un Estado que, además, desarrolla políticas de ataque a nuestros derechos como mujeres y, ante esa violencia, respondemos con organización y un programa de lucha. Este aparato estatal que no genera garantías ante una denuncia por violación es el mismo que detiene a manifestantes por luchar contra los atropellos del gobierno. Que encubre a golpeadores y violadores y permite que el femicida de Sofía Viale, Juan Janssen en General Pico, pueda contactar y acosar a menores a través de sus cuentas de Facebook desde la cárcel.

Frente a la violencia de género y el ataque estatal contra las mujeres, planteamos la necesidad de formar un Consejo Autónomo de Mujeres, independiente del poder político, revocable y electo por todas las mujeres desde los 13 años. Con este programa nos organizamos para el paro y movilización del 8 de Marzo.