Milagros Guerrero de 22 años estaba condenada y a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación. Fue hallada ahorcada en el Establecimiento Penitenciario Nº 3 para Mujeres de Bouwer este martes por la noche. Sus compañeras denuncian que pidieron ayuda, ante la demora reclamaron y fueron reprimidas por el Servicio Penitenciario con balas de goma, lo que hirió por lo menos a dos reclusas.

Familiares y amigos aseguran que “ella ya había necesitado asistencia, pero desde el penal no le otorgaron ninguna consulta ni tratamiento, sino otro chaleco farmacológico para mantenerla calmada y dormida”, por lo que afirman que lo que ocurre “no son suicidios, son asesinatos”.

Por su parte desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos afirmaron que personal médico realizó procedimientos de reanimación cardiopulmonar y constataron el deceso, reconociendo, además, que hubo represión para “controlar los disturbios producidos por las internas”.

Por estas horas, interviene en la investigación de lo ocurrido la Fiscal del Distrito 1 Turno 5, María Celeste Blanco. Recordemos que en 2019 la Cárcel de Mujeres de Bouwer, fue intervenida por las numerosas muertes de “etiología dudosa” en el establecimiento.

En aquella oportunidad se decidió un cambio de autoridades y se proyectó la apertura de un centro terapéutico integral para la prevención de adicciones que incluía el seguimiento psicológico de la mujer privada de la libertad. Cabe destacar que, por entonces, el ministro de Justicia y Derechos Humanos confirmó que el porcentaje de participación de mujeres en delitos vinculados con el narcomenudeo aumentó un 41% en las cárceles de Córdoba.

A tres años de la intervención, las cárceles de Córdoba continúan siendo establecimientos donde se violan permanente y sistemáticamente los derechos humanos de quienes deberían ser objeto de reinserción social y no de castigo. La muerte de Milagros devela el carácter del sistema penitenciario y el abandono absoluto de las internas. Aunque aún no se determina la causa efectiva de muerte, lo cierto es que, de haberse suicidado, se trató de una muerte evitable. Sus compañeras reclaman por mayor atención psicológica y médica y, como respuesta, obtuvieron represión.

No es llamativo que el crecimiento de la población carcelaria femenina vinculada al narcomenudeo se enmarque en un cuadro de profundización de la crisis económica y social, en la que las mujeres engrosan los índices de desempleo, precarización y pobreza, y que muchas veces las orillan a este delito como forma de subsistencia. Finalmente, un Estado cómplice del narcotráfico, utiliza a las mujeres más pobres y vulnerables como carne de cañón de supuestas campañas de combate al narcotráfico, mientras garantiza la impunidad de las redes narco que funcionan en la provincia.

Frente a esta nueva muerte volvemos a decir ¡Ni una muerta más en las cárceles de Córdoba. El Estado es responsable! Exigimos el cese de la violación a los derechos humanos y la invisibilización de los reclamos de las internas. Asistencia alimentaria, sanitaria y psicológica. Basta de represión.