Tiene 11 años y hace cuatro días está internada en un hospital de la capital de Corrientes, cursa la semana 38 de gestación y le harán una cesárea programada.

Quien se dio cuenta del posible embarazo fue su abuela al notar que a la niña le crecía la panza, en ese momento tenía 10 años y confesó que había sido abusada por la pareja de su mamá: Horacio Insaurralde, de 31 años, que hoy está con prisión preventiva esperando el juicio oral. Los ataques habrían ocurrido en la casa de Insaurralde en Monte Caseros, una localidad a 480 km de la capital correntina.

La niña llega a esta instancia presionada por una médica de la familia, reconocida en la zona por su militancia católica en los barrios y que atiende en un consultorio privado. La misma le transmitió a la madre que era más riesgoso cumplir con el protocolo de ILE que seguir adelante con el embarazo, cuando el mismo no establece ningún límite de gestación para la interrupción del embarazo.

Lo que sí está contraindicado por la Organización Mundial de la Salud son los partos derivados de abusos sexuales en la infancia, porque el cuerpo de lxs niñxs naturalmente no está preparado para el trabajo de parto. La OMS indica entre los riesgos de las menores embarazadas, además de las enfermedades de transmisión sexual, están la hipertensión y la fístula obstétrica. Las gestantes con 2 años posteriores a la menarquia corren cuatro veces más riesgo de morir que las mujeres mayores de 20 años, y aún si sobreviven quedan las secuelas físicas, psicológicas y sociales.

“Cada año, unas 2.400 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en la Argentina. En 2918, en Corrientes fueron 146 niñas, en 2017, 122, y en 2016, 115, según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Es una de las provincias con mayor proporción de bebés nacidos de niñas (0,7 por ciento del total, cuando a nivel nacional representan el 0,3 por ciento). El abuso o la coerción sexual son regla. La naturalización de las violencias y de la maternidad temprana, forzada, contribuye a que las historias se repitan” (Página12, 3/8). América Latina ocupa el segundo lugar a nivel mundial por embarazo infantil y adolescente luego de África.

Corrientes fue declarada provincia provida en 2011 por el gobernador radical Ricardo Colombi, actualmente Gustavo Valdés ratificó este decreto. En la provincia no se practican interrupciones legales del embarazo en centros de salud públicos y como hemos denunciado reiteradas veces se replica el caso de también otras provincias como Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero que no cuentan con ningún tipo de protocolo para estos casos.

Este caso demuestra cómo a pesar de que se haya anunciado el “nuevo protocolo nacional ILE” en 2019 -como una guía para el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal que establece los casos de aborto no punible- sigue existiendo una negativa a implementar los abortos que ya son legales de parte de los gobiernos, para lo cual cuenta con los objetores de conciencia y todo el andamiaje de la injerencia que tiene el aparato religioso dentro del sistema de salud estatal.

Estamos frente un nuevo caso de maternidad forzada en la infancia que debe llevarnos a redoblar la lucha por  el aborto legal, seguro y gratuito y por el fin de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las infancias.  El empoderamiento de las iglesias de la mano del gobierno de Alberto Fernández refuerza los  vínculos de las iglesias  con el Estado, un camino contrario a proteger a las infancias en peligro.

https://prensaobrera.com/mujer/rechazo-al-amparo-judicial-contra-la-reglamentacion-de-larreta-de-la-ile-en-caba/