El pasado 28 de noviembre era la fecha prevista para el inicio del juicio oral y público por el asesinato de Marilyn Bárbaro (54) ocurrido en Oberá, el 17 de abril del 2004, es decir, a más de 15 años de ocurrido este brutal crimen. Sin embargo, fue nuevamente suspendido a raíz de que el fiscal subrogante, Elías Bys, pidió licencia médica por lo que queda demorado para el año próximo. A esta instancia llega solo uno de los implicados, Rubén Oscar Schnimg (36) y en libertad desde el 2011. Los cuatro restantes, Matías Ortiz -hijo de una ex diputada provincial renovadora-, Daniel “Chaparro” Núñez, Patricio Do Santos y Jorge Gabriel Piotroski, tras una infinidad de recursos y apelaciones, fueron sobreseídos en forma definitiva por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ), en un fallo vergonzoso consagratorio de impunidad reinante a lo largo de estos años.

El asesinato de Marilyn conmocionó a la provincia por varios motivos. En primer lugar por la crueldad del hecho: según la confesión de Schnimg, los 5 implicados, en una noche donde habían consumido alcohol y otras drogas, deciden irrumpir en el domicilio donde esta mujer discapacitada vivía sola, la asesinan a golpes y, conforme lo determina la autopsia, la entierran viva en el sótano de la casa, para luego robarle el automóvil de su propiedad con el que decidieron salir a recorrer la ciudad de Oberá una vez finalizado el crimen. 

En segundo término, por las innumerables maniobras judiciales de los acusados que dilataron y obstruyeron la causa a lo largo de más 15 años y que en el 2016 son coronadas con el fallo del STJ que termina por sobreseer a 4 de los imputados. Entre los que se beneficia con el sobreseimiento se encuentra Ortiz, hijo de Marlene Carballo, diputada provincial por el Frente Renovador cuando se cometió el crimen y, una vez finalizado su mandato, continuó siendo refrendada por el poder político con el cargo de directora del Consejo Provincial de Seguridad Vial. En una de sus últimas declaraciones públicas, Juana “Ticha” Bárbaro, la hermana de Marilyn, quien falleció en julio del 2017, manifestó: “no es un consuelo para nosotros que uno solo vaya a juicio, pero nos costó muchísimo llegar hasta aquí, por las trabas que debimos enfrentar. No me siento frustrada, las trabas no fueron sólo del Poder Judicial sino, fundamentalmente, del poder político”.

Como se ve estamos frente a un caso testigo de la impunidad de la que gozan los hijos del poder en nuestra provincia. Se suman a la lista el crimen de Silvia Andrea González cometido en el 2001, donde luego de 18 años, otra vez es el STJ el que termina por absolver a Hugo Dante “Willy” Ríos, hijo del intendente de Campo Viera, Juan Carlos Ríos y revocar la sentencia a 18 años de prisión que oportunamente fue dictada por secuestro, violación y asesinato de la joven de referida localidad; así como también el caso de Tati Piñeyro de Puerto Esperanza, donde familiares y amigos de la víctima señalaron a Fabián Gruber, sobrino del intendente renovador Alfredo Gruber de esa localidad, como uno de los involucrados en la terrible muerte la joven. 

La contracara de la impunidad garantizada por el Estado, a través del poder judicial, a femicidas y violadores, particularmente en aquellos casos con autores vinculados al poder político, es la criminalización de mujeres pobres como Librada Figueredo (2003), María Ovando (2012), Victoria Aguirre (2015), Miryam Bogado (2019) Teresita de Rocío Mattos (2019), entre otras, con lo cual se cierra el círculo de un sistema judicial que tiene por objetivo central jugar un rol disciplinante y aleccionador de la mujeres en particular y de la clase obrera en general. Partiendo de esta comprensión política es que se impone la necesidad de organizarnos para luchar contra el Estado responsable de las diversas formas de violencia que sufrimos las mujeres.

Justicia por Marilyn Bárbaro. El Estado es responsable.