Una tremenda conmoción se vive en la localidad salteña de Coronel Moldes por el femicidio de Agustina Cruz, de tan solo 17 años. La joven fue interceptada cuando iba al colegio y apuñalada por su expareja, de 18 años. El sujeto fue aprehendido con la ayuda de los vecinos.

Por estas horas los funcionarios judiciales ni siquiera están tratando de excusarse ni de dar explicación alguna de cómo actuaron en el caso. Agustina denunció reiteradas veces a su femicida. Las amenazas eran muy claras y los episodios de violencias también, pero no la escucharon.

Por algunos días tuvo consigna policial, pero este mes le fue retirada y le dieron una perimetral. Según las autoridades policiales lo resolvió la Justicia. Sin embargo el denunciado nunca tuvo un dispositivo de seguimiento a cargo del Estado. Un informe psicológico al victimario hubiera dado cuenta de una personalidad obsesiva y peligrosa, a pesar de ser tan joven, pero no existió. Esta semana ella recién tenía turno con la psicóloga, le retiraron la consigna diciendo que le iban a tramitar una tobillera. Tarde, todo tarde.

A quien efectivamente se le debe imponer una consigna y una pulsera electrónica debe ser al denunciado, con un diagnóstico de equipos multidisciplinarios y, si califica, la detención, el aislamiento y un tratamiento compulsivo.

Sin embargo, no hay presupuesto de Salud ni medidas preventivas que garanticen la vida de una mujer que ha denunciado. El ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, un exmilico negacionista de la dictadura militar, reclama que como hay muchos policías abocados a cubrir consignas policiales por casos de violencia de género les falta personal para patrullar, para justificarse ante los graves asesinatos y ataques que ocurrieron en el último mes como el de la pareja asesinada en circunvalación oeste, el joven atacado a puñaladas en el cerro San Bernardo y el crimen de Nahuel en el Parque San Martín. De esta afirmación se infiere que el ministro es un promotor de reducir las consignas policiales, algo que serviría para tener personal para reprimir y no para combatir el delito ni mucho menos para proteger a las mujeres.

El sábado 16 vimos donde están las prioridades de la Justicia y la policía en temas de seguridad: para reprimir a los vendedores ambulantes y manteras del centro de la ciudad de Salta movieron más de 200 efectivos para el, y hasta el día de hoy siguen custodiando las peatonales para impedir que se vuelvan a instalar.

Otro elemento que merece una investigación es que las amigas de Agustina declararon en un medio de comunicación que no confían en los policías del pueblo porque acosan a las colegialas. El Ministro de Seguridad debe responder por semejante aberración.

¿Quien cuida a las mujeres? Las propias mujeres, los familiares y amigos, como el caso de Agustina que siempre buscaba un compañero del colegio para que la acompañe. Luchemos entonces por un Concejo Autónomo de Mujeres, electo y revocable. La burocracia estatal designada para estas tareas es incapaz de protegernos porque priman intereses ajenos al cuidado de la vida de la población. Y nosotras queremos estar vivas.

Luchemos por las ESI en todos los niveles educativos para tener mayores elementos para combatir la violencia en las relaciones entre las personas. Necesitamos una nueva conciencia en nuestros jóvenes, que las mujeres o parejas no son una propiedad. La misma juventud lo pide y el Estado se lo niega.

Van trece femicidios este año en la provincia. Exigimos la renuncia del fiscal a cargo de la causa y del ministro Pulleiro.

#NiUnaMenos, El Estado es responsable.