Un nuevo femicidio en cuarentena conmovió al distrito de Tigre el sábado pasado, 20 de junio, en la localidad de Benavídez. La víctima es María Graciela Alarcón, de 25 años y de nacionalidad paraguaya, asesinada de al menos 15 puñaladas por parte de su ex pareja, Walter Delvalle, quien se autoinfringió heridas y quedó detenido en el acto.

El femicidio de Maria Graciela se suma a una larga lista de víctimas. Según un informe del Observatorio de Políticas de Género Quilmes Alerta de principios de mayo, en la provincia de Buenos Aires ocurrieron 55 femicidios de enero a mayo, la mayor cantidad de estos crímenes (27) posteriores al 20 de marzo, es decir desde que empezó la cuarentena por el Covid-19. El “quedate en casa” para muchas bonaerenses significó una condena. En Tigre contamos con el antecedente del femicidio de Maria Florencia Santa Cruz a inicios de la cuarentena.

Las mujeres pobres: las principales víctimas

Maria Graciela, triplemente oprimida por ser mujer, pobre e inmigrante, refleja la realidad de muchas víctimas que están sometidas a una cadena de violencias, siendo el femicidio su expresión más cruda. A estas mujeres, que en su mayoría son dependientes económicamente de sus agresores, el Estado les da la espalda. Ellas tienen los trabajos peor remunerados y son la mayoría de las desocupadas, y cuando son violentadas no cuentan siquiera con casas refugio a las que acceder. Además, recae en ellas el cuidado de menores y mayores, teniendo negado el acceso a los dispositivos de socialización de las tareas de crianza como las escuelas, clubes y plazas.

En eso consiste la responsabilidad del Estado en el aumento de los femicidios. Los recortes salariales, los despidos y suspensiones agravan esta larga cadena de violencias, sometimiento, opresión y explotación.

¡Justicia por María Graciela!

El movimiento de mujeres debe seguir movilizado para gritar #NiUnaMenos, y fortalecer la organización con independencia política del Estado y los gobiernos. Exigimos la construcción de todos los refugios necesarios para contener a las víctimas de violencia, con el personal profesional suficiente y bajo convenio; para ello se pueden expropiar miles de inmuebles ociosos, como los que pertenecen a la Iglesia Católica en toda la provincia. Vamos por la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres electo por el voto directo desde los 13 años, con mandato revocable y con presupuesto estatal.