Mujer
15/9/2026
Pablo Ortiz, nuevo concejal del PJ de Córdoba apartado por abuso sexual
Crece el escándalo que involucra a funcionarios oficialistas y opositores en graves delitos contar la integridad sexual de mujeres y niñeces en la provincia.

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A días que se conociera la detención e imputación por abuso sexual de Omar Ludueña, asesor del radicalismo en la Legislatura cordobesa, sale a la luz un nuevo caso que involucra a un funcionario del oficialismo provincial. Se trata de Pablo Ortiz, concejal oficialista de la localidad de Alta Gracia que estaba en uso de licencia, quién se desempeñaba como vicepresidente de Cormecor S.A.
Es claro que Ortiz es un peso pesado dentro de la propia estructura del PJ, puesto que había sido colocado a la cabeza de la corporación intercomunal encargada de la gestión de residuos en Córdoba capital y distintas localidades del interior. Su renuncia a Cromecor S.A. apareció horas después de que trascendiera que fue imputado por delitos de abuso sexual con acceso carnal y otros delitos.
A la denuncia por abuso sexual radicada por su expareja, se suma una imputación por hurto simple y defraudación por desbaratamiento de derechos acordados en grado de tentativa, en concurso real. En esta última causa se encuentra investigada como coautora Julieta Balchori, quien tiempo atrás trabajó como su secretaria.
Con Ortiz ya van tres punteros políticos del oficialismo que caen en los últimos cuatro meses por imputaciones vinculadas a diversos delitos sexuales. Claudio Barrelier, femicida de Agostina, destapó la descomposición que se extiende por toda la estructura del gobierno. Luego vino José Villareal, y ahora Pablo Ortiz. La violencia de género y los abusos sexuales, utilizados como mecanismo de dominación y sometimiento, son encubiertos desde la propia estructura del Estado. Sobre este mecanismo se sostiene una red punteril que penetra en los sectores más vulnerables de la sociedad, en torno a los que se montan redes de explotación sexual infantil, prostitución, trata de personas y diferentes negocios de la noche, de los cuales se nutre el propio Estado.
La descomposición no es sólo del PJ
El reciente caso de Omar Ludueña, histórico dirigente radical de la Seccional Cuarta de la Ciudad de Córdoba, nos recuerda que la red de punteros descompuestos no es una potestad exclusiva del PJ. Se trata de un mecanismo propio de los partidos gobernantes, que se han encargado de mantener en la impunidad desde el propio poder político y judicial.
Así las cosas, Rodrigo de Loredo, que de manera oportunista se hizo eco de los escándalos oficiales, señalando la contratación de funcionarios por militancia como prácticas de “casta”, hoy termina en el ojo de la tormenta tras la detención de Ludueña, que habría sido un protegido del propio de Loredo. Por su parte, Facundo Torres Lima, legislador del PJ salió al cruce atacando a la UCR por usar una “doble vara”, al no poner a disposición la renuncia de la legisladora Alejandra Ferrero, vinculada con el empleado legislativo Omar Ludueña.
La guerra de “carpetazos” abierta entre la UCR y el PJ muestra de cuerpo entero a un Estado descompuesto, que ningunea y revictimiza a las víctimas, mientras ampara a violentos, femicidas, tratantes y proxenetas; y utiliza las denuncias de las víctimas como parte de su disputa de aparatos.
Frente a esta escalada descompuesta la salida es la organización independiente del movimiento de mujeres. Hacia el 39° Encuentro Plurinacional organicemos un gran movimiento de lucha que pueda terminar con la descomposición de quienes gobiernan la ciudad y la provincia sobre la base de la violencia y el sometimiento de mujeres, diversidades e infancias.



