En el marco del 34° Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias, se desarrolló un panel sobre víctimas de violencia e impunidad estatal y gátillo fácil que contó con la presencia de familiares de víctimas de la masacre de San Miguel del Monte (en la que cuatro jóvenes fallecieron en medio de una persecución policial), de Diego Cagliero (asesinado por la Bonaerense), y de Luna Ortiz (víctima de femicidio en Tigre). También participaron la hermana de Marcela Chocobar (víctima de un travesticidio en Río Gallegos), la hermana de Horacio Ungaro (joven de 17 años desaparecido durante la noche de los lápices, bajo la dictadura militar) y Liliana Alaniz (abogada del PO y miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha, Apel). 

En el panel hubo una fuerte denuncia de la responsabilidad estatal en todos estos crímenes. Asimismo, se denunció el rol fundamental que ocupa el aparato represivo del Estado en momentos de una aguda crisis social y de ajuste. En tal sentido, se criticó la doctrina Chocobar de Macri-Bullrich y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

También se puso de relieve las continuidades entre dictadura y democracia, con un aparato represivo que se recicló y una misma clase social capitalista que actúa como su beneficiaria. Esa continuidad no fue rota por ninguno de los gobiernos de 40 años de democracia. 

Fue desenmascarada en el panel la demagogia del kirchnerismo, que critica a Macri-Bullrich y habla de los Derechos Humanos pero cuyo candidato en la Capital Federal, Matías Lammens, defendió el uso de las pistolas Taser (picanas resistidas por todos los organismos de Derechos Humanos) durante el debate porteño. A su vez, integra personajes como el ex secretario de seguridad Sergio Berni (represor de los conflictos obreros en la Avenida Panamericana) y bajo sus doce años de gobierno persistió el gatillo fácil e incluso se produjeron las desapariciones de Jorge Julio López y Luciano Arruga.

El panel reflexionó sobre la importancia de la lucha y la organización. Con la movilización popular se consiguió la cárcel para José Pedraza (burócrata de la Unión Ferroviaria, asesino  de Mariano Ferreyra), y los procesos de memoria, verdad y justicia contra los represores de la dictadura (con los límites que tienen aún esos procesos).

Fue objeto de análisis y denuncia la estigmatización de las víctimas de gatillo fácil desde el Estado y los grandes medios de comunicación.

Finalmente, se resaltó la importancia de la independencia política de los organismos de Derechos Humanos y coordinadoras por justicia, esto frente a las políticas de cooptación de los diferentes gobiernos. Sin tirar abajo el sistema capitalista no se podrá poner fin a la represión y la impunidad.