El lunes pasado, familiares, vecinos y organizaciones de mujeres se movilizaron a la Comisaría 1° de José C. Paz para reclamar la liberación de Paola Córdoba y su hija de 18 años, acusadas de “homicidio agravado por el vínculo” por la muerte a puñaladas de Alberto Naiaretti.

La defensa de Córdoba ha ofrecido abrumadoras pruebas de que Córdoba y su hija actuaron en legítima defensa frente al hostigamiento permanente de Naiaretti, que esa misma noche le había jurado a su esposa que iba a matarla. A lo largo de 20 años de relación, Córdoba sufrió golpizas y amenazas de muerte y violación recurrentes por parte de su esposo, quien la forzaba además a la prostitución. De hecho, algunos medios indican que la discusión de la noche del crimen comenzó porque Córdoba se negaba a continuar prostituyéndose (La Nación, 13/3). Naiaretti había aislado a su esposa del resto de su familia y restringía su contacto con el vecindario (Infobae, 12/3). Los vecinos del barrio han ratificado esta situación de constante violencia y acoso ante los medios periodísticos.

Córdoba ha contado ante la justicia con total franqueza todo lo ocurrido. Previamente, denunció por violencia de género a su marido al menos en cuatro oportunidades desde 2012. Córdoba, que sobrevive con una Asignación Universal por Hijo, estaba atrapada en una situación insoportable.

En una ocasión, acordaron con una jueza de paz dividir la casa con una pared y que Córdoba quedara de un lado junto a sus hijos. Pero Naiaretti rompió esa pared y la situación volvió al punto anterior (Infobae, ídem). También se había dictado en otra ocasión una restricción perimetral y exclusión del hogar que Naiaretti infringía.

Es así como se ve en el caso con total crudeza la falta de respuestas y la responsabilidad del Estado en la violencia hacia la mujer y en este terrible desenlace. Las últimas denuncias de Córdoba contra su esposo recién en estos días han sido unificadas en una causa penal.

El desfinanciamiento y la mala organización de los organismos que deben velar por las víctimas también se hacen patentes en este caso. En una ocasión, Córdoba se escapó de la casa con sus hijos y fue a la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) de José C. Paz, “pero como las mandaron a un refugio donde había dos hombres, tuvo que regresar a su casa” (La Nación, ídem).

En definitiva, las mujeres en los barrios son prisioneras de los hogares violentos al no recibir ninguna respuesta efectiva por parte del Estado. Las trabajadoras y desocupadas no tienen los recursos económicos para tener un nuevo hogar lejos del violento, menos en momentos donde las paritarias y planes sociales están por debajo de la línea de pobreza y las tarifas aumentan a diario.

Mientras el municipio de José C. Paz hace gala de su comisaría de la mujer, las mujeres del distrito seguimos sufriendo las peores situaciones de opresión y violencia.  Necesitamos políticas concretas, subsidios por violencia de género,  centros integrales con profesionales para las mujeres, que sirvan de refugio y asistencia para que las compañeras puedan salir con sus hijos de la casa donde se encuentra el violento. Estos centros integrales tienen que tener presupuesto estatal y estar bajo gestión de las propias mujeres del distrito.

El Estado es responsable de no ofrecer una salida al calvario de Paola Córdoba y del desenlace bárbaro del caso. Reclamamos su excarcelación y la de su hija.

Este 15 a las 13hs en Pueyrredón 3510, San Martín, juzgado de garantías, tenía lugar una concentración ante la audiencia pedida por los abogados para exigir la inmediata libertad de Córdoba y su hija. Basta de violencia contra las mujeres.