La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó el proceso en contra del Estado de Ecuador por diligencia en la investigación del caso de Paola Guzmán Albarracín, una menor ecuatoriana que tras ser abusada durante dos años por parte del vicerrector del colegio al que asistía y, posteriormente, por el médico de la misma institución quien le practicó un aborto a pedido del vicerrector, se quitó la vida.  

Paola tenía 14 años cuando empezó a ser abusada por el vicerrector del colegio público al que asistía. Según se supo, la niña se acercó a esta figura de autoridad para hablar de sus notas en el año 2000. A partir de ese momento Paola fue víctima de abusos hasta que decidió quitarse la vida trágicamente dos años después. 

En 2002, a los 16 años, Paola queda embarazada producto de las violaciones. El victimario, el vicerrector Bolívar Espin, la llevó a practicarse un aborto con el médico de la misma institución educativa, quien condicionó el procedimiento a cambio de sexo, según las declaraciones del Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer CEPAM-Guayaquil. Luego del enorme sufrimiento, tortura y desamparo por el que pasó, Paola ingirió 11 pastillas de fósforo blanco, “diablitos” como se los conoce en Ecuador, y se quitó la vida. 

Lo que sigue a este trágico episodio es un sinuoso y desesperado camino en busca de justicia para la madre de Paola y su familia. 

Petita Albarracín, mamá de Paola, cuenta que el día en que su hija ingirió las pastillas de fósforo en el colegio, la llamó una compañera de Paola y le pidió que se presentara urgente. Petita encontró a su hija retorcida del dolor en un rincón. Una vez en el hospital, la mamá de Paola denuncia que su hija no recibió la atención necesaria. Paola murió a los dos días. 

Fue a partir del relato de las compañeras de Paola y de una periodista que se acercó, Petita pudo reconstruir los hechos que llevaron a su hija al suicidio.

Un Estado misógino

Petita denuncia que desde que empezó su lucha por justicia le han cerrado las puertas, le han tirado los papeles que presentó y la han maltratado. En 2003, se inició una investigación en la fiscalía del Guayas, donde la defensa de Petita solicitó la prisión preventiva contra Espín, pero el juez negó el pedido. Más adelante, en el mismo año, la madre presentó una segunda demanda contra el vicerrector por daño moral ante la instigación al suicidio de su hija.

En 2004, la justicia dictó una orden de prisión preventiva contra Bolívar Espín pero este se fugó. Luego fue llamado a juicio por los delitos de acoso sexual e incitación al suicidio, pero tampoco apareció. En 2005, fue sentenciado a pagar una indemnización de US$25.000 dólares por la demanda de daño moral presentada por la madre de Paola, pero Espín siguió sin aparecer. Pasados unos años, la causa prescribió. Solo en el ámbito administrativo se logró una sanción por abandono del cargo como vicerrector.

Desde el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) se supo que hubo otras menores que fueron abusadas por Espín pero fueron cambiadas de colegio y sus familias no quisieron contar lo que pasó. 

El caso de Paola es emblemático porque coloca de relieve no sólo el gravísimo hecho de abusos que ocurren en el ámbito educativo por parte de las autoridades sino por el desprecio por parte del Estado, el encubrimiento y el enorme desamparo de las víctimas. Esto es acompañado por el silencio por parte de las familias de las víctimas que en su gran mayoría buscan esconder a la víctima para “librarlas” de la vergüenza social a la que serían sometidas por la sociedad. 

Petita y su familia fueron solo acompañadas por las organizaciones de mujeres y derechos humanos en esta tortuosa lucha. La semana pasada en la CIDH la representante del Estado ofreció disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano, pero no reconocieron la responsabilidad del Estado en el caso. Se espera que la Corte-IDH emita su falló al respecto en un año. 

Si el fallo respalda los reclamos de justicia de la mamá de Paola sentaría una importante jurisprudencia porque engloban un mecanismo de encubrimiento de abusadores y misoginia por parte de un Estado.