16/03/2006 | 937

Paulina y el Estado mafioso

Por Esteban

Paulina Lebbos, que había estado desaparecida desde el 26 de febrero, fue encontrada muerta y mutilada el domingo pasado, por una casualidad. Estudiante universitaria de Filosofía y Letras, Paulina era hija del subsecretario de Juventud del gobierno de Alperovich. Como miles de jóvenes, concurrió ese día a una promocionada zona de esparcimiento y retornó junto a una amiga en un remís; pero Paulina, que siguió viaje, nunca llegó a destino.


 


Sus amigos, junto al Centro de Estudiantes de Filosofía, organizaron marchas exigiendo la aparición con vida .


 


El tema se transformó en una cuestión política cuando los familiares abrieron interrogantes sobre el curso de la investigación y el gobierno adoptó medidas de emergencia, inspeccionando y cerrando decenas de boliches mal habilitados por organismos oficiales. Cuando se denuncia la venta de drogas algunos medios oficialistas atacan a la juventud y no a las mafias que, impunes, operan en la provincia.


 


Las acusaciones del padre de la víctima contra los aparatos de seguridad y el mismo secretario, concluyeron con la renuncia de éste. El gobierno de Alperovich enfrenta una seria crisis política.


 


Con la excusa del presunto remis trucho hubo operativos contra miles de trabajadores remiseros, pero se abandonaron pistas mucho más claras ofrecidas por la familia.


 


La mala fama de los truchos obedece a la remisería “5 estrellas” del grupo Ale. Pero ésta es una remisería blanqueada, e incluso integrada ya desde Miranda, a los aparatos de seguridad del Estado. Varios de sus directivos están denunciados por otros casos de desaparición de personas, como el de Marita Verón. Es desde las mafias remiseras que se está fogoneando el combate a la “competencia ilegal”, e incluso la exigencia de usar a la Gendarmería para el control de la calles y rutas. Con el pretexto de la desaparición de Paulina pretenden militarizar Tucumán.


 


Desde que Alperovich llegó al gobierno se ha duplicado el personal policial, de 5.000 a 10.000 efectivos, sin que la seguridad ciudadana haya mejorado. La saturación de efectivos tiene más que ver con los poderosos operativos de control social y contra la lucha popular que contra la delincuencia. Es el propio Estado quien fomenta la delincuencia de “guantes blancos” cuando el gobierno impulsa la privatización y generalización de los juegos de azar, un escenario ideal para el lavado, el tráfico de droga y la prostitución. Recientemente la fundación “Adoptar” denunció que en Tucumán se había triplicado la prostitución infantil.


 


Desde el gobierno se bajó, desde el comienzo, la línea de no politizar el reclamo, quizá porque sabían del grado de compromiso del aparato del Estado con el delito organizado, y en todo caso para no afectar las licitaciones de los juegos de azar. Pero de esto se trata, de politizar el reclamo, porque sólo acabando con el Estado mafioso se puede acabar con la mafia. El Partido Obrero expuso esta situación en forma clara y rotunda con un proyecto de declaración en la Constituyente que fue escuchado en directo por gran parte de la población.

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