En el segundo día de la “semana de la ESI”, el gobierno provincial y la DGCyE público un video exprés sobre “violencias por razones de género”, en el que explica, según los lineamientos de la ley 26485, del 2009, de qué hablamos cuando decimos violencia de género y, por último, recomienda “afinar los oídos y las miradas”, y alude a la línea 144 como el mecanismo de salida para quienes padecen este tipo de violencia. Y nada más.

De qué no habla el gobierno bonaerense cuando habla sobre violencias

El gobierno de Magario y Kicillof​ , no dicen una sola palabra sobre los casos de violencia extrema que indican que una mujer es asesinada cada tres días en la provincia de Buenos Aires, tampoco aluden al incremento sostenido de llamadas a la línea 144, en un promedio de 47 llamadas por día, sin dar respuesta a las urgencias como los demuestra el hecho de que la gran mayoría de las mujeres víctimas de femicidio ya habían denunciado al violento.

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La primera forma de violencia es la que ejerce el capital y el estado; sosteniendo un sistema de explotación cuya base es la desigualdad social. La mujer trabajadora, dentro del régimen social sufre una doble opresión, por un lado se la condena a realizar un trabajo no pago dentro del hogar y, por el otro, la mujer tiende a incorporarse al mercado laboral con los trabajos más precarizados y peor pagos, como son la docencia, enfermería, empleadas domésticas, y la industria textil, donde priman salarios de miseria y la sobreexplotación, ensanchando la brecha salarial de género (27%). Además las mujeres somos mayoría entre las desocupadas.

Ante este cuadro, la salida del gobierno es el cobro de un plan social para mujeres que lejos está de cubrir el costo de la canasta básica familiar, por lo tanto, las mujeres seguimos condenadas a la imposibilidad de la emancipación económica. Sin trabajo genuino y socialización de las tareas de cuidado, no hay emancipación real para la mujer trabajadora.

El Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la PBA se ha mostrado completamente ineficaz para combatir la violencia de género. Combatirlos requiere, en principio recursos, que el gobierno destina al compromiso que asumió con los bonistas y el FMI, compromisos que además, implican avanzar contra las condiciones de vida de la clase obrera, en donde las mujeres son doblemente oprimidas.

El gobierno bloquea el aborto legal, seguro y gratuito, colocándose de la vereda de enfrente de una enorme mayoría social ganada por la ola verde. La recomendación de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para abortar con medicamentos, no garantiza ni su distribución (el costo del Misoprostol ronda entre 5 mil y 8 mil pesos), ni los cuidados sanitarios, en un contexto donde se multiplicaron los llamados por violencia de género.

Lo cierto es que mientras nos postergan, avanzan los negociados con las iglesias, que apoyaron la renegociación de la deuda y se valen del asistencialismo para obtener mayores fondos del estado, protección para los curas abusadores, mientras siguen bloqueando la ESI.

No es posible terminar con la violencia hacia la mujer y las diversidades sexuales y de género, si no es mediante la erradicación del sistema de opresión que lejos está de garantizar todas las reivindicaciones que tenemos las mujeres y diversidades para terminar con el rol de violencia, opresión y sumisión en el cual nos coloca el capital y el Estado.

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