Mediante un telegrama el Colegio Sagrada Familia de la localidad bonaerense de Quilmes despidió al docente Oscar Velázquez por discutir en el aula el aborto legal. Los estudiantes reaccionaron con una sentada.

Velázquez, docente de catequesis del Colegio Confesional Sagrada Familia, había impulsado en el aula el debate sobre la cuestión de la legalización del aborto, y se había pronunciado a favor en sus redes sociales. Las propias autoridades del colegio señalaron que esa fue la causa de su despido.

Los alumnos de sexto año rápidamente hicieron una sentada en el patio para denunciar lo que entendieron no solo como un ataque a la libertad de expresión, sino como una regimentación absoluta. Los estudiantes del Sagrada Familia ya habían hecho un pañuelazo en favor del aborto legal, seguro y gratuito días antes de la media sanción.

Ofensiva de la Iglesia en Quilmes

El despido llega en un cuadro de ofensiva general de diferentes frentes eclesiásticos.

Días antes, sectores evangelistas organizaron una marcha -de apenas una cuadra- "a favor de la vida"; son los mismos que organizan la venta de pañuelos celestes en el distrito.

Luego de la media sanción a la ley en Diputados y de que el Concejo Deliberante tuviera que pronunciarse a favor -producto de las enormes luchas, sobre todo en un distrito donde el movimiento de mujeres tiene un enorme desarrollo-, hizo circular una carta a Martiniano Molina, intendente de Quilmes, la Iglesia Católica, en la que señalaba el mal estado en que se encuentran las barriadas y sostenía que el gobierno no atiende las prioridades. La Iglesia -que no dijo una palabra sobre los despidos de municipales y metalúrgicos y que vive gustosa de los fondos del Estado que el ajuste no va a tocar- ahora monta un cacareo extorsivo para presionar contra la legalización del aborto.

La relación del Estado municipal con la Iglesia no es nueva: comenzó con el gobierno del kirchnerista “Barba” Gutiérrez, que le entregó la totalidad del área estatal de Lucha contra la Trata y por lo tanto la administración de esos recursos. Es decir que la Iglesia en Quilmes es parte integral del Estado.

Sin embargo, no saca los pies del plato con ningún sector: también se han mostrado acompañando solapadamente los intentos de multisectorial impulsados por el PCR y el PJ, como la movilización pasada desde el Cruce Varela.

La Iglesia, metida hasta el tuétano en las barriadas, se comporta como la primera puntera, ofrece su poder de regimentación al mejor postor y todos la necesitan para contener mientras llevan adelante el plan que pactaron con el FMI.

Iglesia y Estado, asuntos separados

El accionar de las autoridades del Sagrada Familia está inscripto en este cuadro general, y es la reacción a un enorme movimiento de jóvenes que, sobre todo en las escuelas confesionales, han amanecido a la lucha por sus derechos.

Una escuela subsidiada por el Estado, dirigida por una casta de religiosos -que también viven de los fondos del Estado- despide a un docente como Velázquez por su posición política.

Esto debe ser repudiado enérgicamente. Los fondos del Estado no pueden ser puestos a disposición de financiar la regimentación de la juventud y la docencia.

Los pañuelos verdes se multiplican en los colegios poniendo en riesgo el poderío de la Iglesia reclamando Educación Sexual Integral y aborto legal, seguro y gratuito.

La juventud pide pista para encabezar la lucha por destruir la relación simbiótica entre un Estado que necesita de la regimentación que ofrece la Iglesia y una Iglesia que vive de la caja del Estado.

Es necesario preparar asambleas y acciones entre docentes y estudiantes en todos los colegios por la reincorporación de Oscar Velázquez y para discutir cómo seguir la lucha por la Educación Sexual Integral, el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado.

En esta perspectiva, este 30 de julio la UJS y el Partido Obrero realizaremos una juntada de firmas por el proyecto ESI presentado por Guillermo Kane -de la bancada del Frente de Izquierda-, y organizamos la delegación que rodeará la sesión del Senado para garantizar la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.