El día de ayer, tras 8 meses de dilaciones, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo junto con el “Plan de los Mil Días”. Esta última iniciativa consiste en un programa social destinado a la atención de embarazadas, puérperas y niñxs en sus primeros tres años de vida. El contenido del proyecto de los Mil Días desmiente que se trate de una medida que genere las condiciones propicias para maternar. Se trata de migajas que de ninguna manera alcanzarán para combatir la desnutrición infantil y vehiculizar la salud integral de la niñez y las personas gestantes.

El “avance” que trae consigo el programa, se limita a la incorporación de una Asignación por Cuidado Integral a cobrarse una vez al año, equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo, la cual ha quedado congelada en la irrisoria cifra de $3.540 mensual. A su vez, se extenderá el pago de la Asignación Universal por Embarazo ($3.540 por mes) a 9 mensualidades (hoy en día solo cubre sólo 6 mensualidades); por último, quienes perciben la AUH podrán cobrar también la Asignación por Nacimiento, que se encuentra en los $4.128. Como vemos, la promocionada “política de acompañamiento” para embarazadas y niñxs impulsada por el gobierno, sólo ofrece sumas de miseria para las mujeres que se encuentran en la más extrema vulnerabilidad.

El Plan de los Mil Días se viene implementando en la Provincia de San Juan desde 2016. Su aplicación a nivel nacional incluirá la provisión gratuita de insumos tales como la leche, los medicamentos esenciales, alimentos y complementos nutricionales. Por otra parte, supone la creación de canales de información, como una línea de atención gratuita y la publicación de una guía, destinados a que las beneficiarias del plan sepan cuáles son los controles médicos indicados para cada etapa y puedan obtener herramientas sobre cómo transitar el embarazo y la crianza de manera más saludable. También protocoliza el abordaje de determinadas situaciones de riesgo, tales como trombofilia en el embarazo, patologías congénitas en lxs niñxs, violencia de género, etc. Un hecho determinante que atenta contra todos estos aspectos del proyecto, es que no está respaldado por un aumento significativo del presupuesto de salud: por lo tanto, se pone en riesgo su correcta implementación.

La iniciativa es presentada por parte del gobierno como una vía para que aquellas mujeres que desean continuar con su embarazo puedan hacerlo, y que el factor económico no sea un motivo para abortar. Sin embargo, se trata de una gota en el océano de medidas que van en sentido contrario. El proyecto resulta inocuo en un momento donde el gobierno se apresta a aplicar un ajuste de envergadura, de la mano del FMI, que destruirá las condiciones de vida de las familias obreras.

Un gobierno como el de Alberto Fernández, que descarga todo su peso represivo en desalojar familias sin vivienda, como es el caso de Guernica y tantos otros asentamientos; que elimina el cuarto pago del IFE, dejando a millones de personas sin ninguna fuente de ingresos; y al mismo tiempo, permite que las trabajadoras de casas particulares-que conforman el 13% de la población femenina- perciban en promedio la miserable suma de $10.600 por mes, jamás se va a proponer implementar las medidas necesarias para asegurar una maternidad deseable. Sus prioridades se encuentran en complacer a las patronales y al capital financiero.

Estado abortista

“El Plan de los Mil días” no revierte la naturaleza profundamente abortista del Estado. La desocupación, el trabajo informal, el déficit habitacional y los salarios de hambre son una realidad extendida en el país, promovida por los sucesivos gobiernos, que afecta particularmente a las mujeres, y en muchos casos, se transforma en una razón objetiva para interrumpir un embarazo. A estos sectores se los condena a las prácticas más inseguras en el marco de la clandestinidad del aborto, poniendo en riesgo su vida al no poder pagar una IVE en condiciones.

El “derecho a la maternidad ” es pisoteado actualmente por medio del “pacto no escrito” que reina entre el gobierno, las burocracias sindicales y las patronales. Los despidos, las paritarias a la baja y los descuentos salariales han edificado una realidad estremecedora para las mujeres trabajadoras: datos oficiales del Indec reflejan que el 25,4% de las mujeres trabajan en la informalidad (en estos casos llevar a término un embarazo implica perder el trabajo) y el 12% se encuentran desocupadas. A su vez, las mujeres con un empleo precario perciben en promedio $12.800 por mes; mientras que aquellas que cuentan con un trabajo en blanco tienen una media de ingresos de $26.200; en ambos casos las cifras no alcanzan para cubrir la canasta básica, que se halla en $49.911,60. Esto sin mencionar que ni las empresas ni el Estado ponen a disposición dispositivos de cuidado para la primera infancia ni lactarios, que permitan la coexistencia de la experiencia materna junto con el trabajo asalariado.

Sin ir más lejos, un informe de Unicef proyectó para diciembre que el 62,9% de la niñez pasaría a ser pobre en la Argentina. Esto da cuenta que las medidas asistenciales tomadas hasta el momento no garantizan las condiciones adecuadas para la crianza. Los montos de todos los programas existentes son de miseria: el aumento de la Asignación Universal por Hijo que festeja el gobierno, se reduce a un bono a cobrar por única vez en diciembre de $3.504; por su parte, La AUH que perciben niñxs con discapacidad es de $11.535; la Ayuda Escolar Anual es de tan sólo $2.966; mientras que la Tarjeta Alimentar cubre hasta $12.000 en alimentos. La modificación regresiva de la movilidad jubilatoria que prepara el gobierno –a la cual están atados los aumentos de las asignaciones- sumado a las políticas inflacionarias, tales como el descongelamiento de tarifas, los saltos devaluatorios y la emisión, darán como resultado a la brevedad, la pulverización del poder de compra de estos programas. En este sentido, “El Plan de los Mil Días” se suma a la lista de subsidios de hambre que no resuelven la situación de pobreza en la cual está inmersa el 40.9% de la población.

Necesitamos un paro nacional y plan de lucha

Sin salario mínimo equivalente a la canasta familiar, ni prohibición de despidos y suspensiones sin afectar el salario, ni trabajo bajo convenio para todxs, el “Plan de los Mil Días” sólo se reduce a un instrumento gubernamental destinado a disuadir a las mujeres para que no interrumpan su embarazo, pero sin establecer las condiciones básicas para el sostenimiento material de sus hijxs.

El gobierno de Alberto Fernández envió el Proyecto IVE al Congreso, entendiendo que se trata de una demanda irreversible tras las masivas movilizaciones de la marea verde; pero lo hace a partir de profundizar sus prebendas a las iglesias. Este programa es una promesa al clero de que desde el Estado se reforzará la concepción de familia tradicional, en la cual las mujeres son receptáculos donde el régimen social deposita el mandato de la reproducción de la fuerza de trabajo.

Es fundamental que la marea verde vuelva a las calles para conquistar el aborto legal y terminar así con el tutelaje estatal sobre los cuerpos de las mujeres y con las muertes por abortos clandestinos, que afectan a los sectores más empobrecidos. Un triunfo asestado por la movilización popular en esta materia, significa un golpe a las iglesias, que cumplen la función reaccionaria de promover que las mayorías “agachen la cabeza” y toleren pagar la factura de la crisis. Al mismo tiempo, le abrirá paso a nuevas luchas contra la ofensiva del gobierno y FMI, en defensa de las condiciones de vida de lxs trabajadorxs.

La pelea por una verdadera protección a la maternidad, enalteciendo su función social, es tarea de la clase obrera. Organicemos en cada lugar de trabajo un paro nacional y un plan de lucha por todas las reivindicaciones.